Los consumidores denuncian al Gobierno por incumplir la norma sobre precios de gasolinas

Las empresas petroleras, las gasolineras y el Gobierno no han cumplido las normas de información de precios al público en las estaciones de servicio. Por ello, la delegación asturiana de la Unión de Consumidores de España (UCE) ha interpuesto una denuncia ante el Servicio de Defensa de la Competencia, ya admitida a trámite, por presunta connivencia entre Gobierno y petroleras por incumplir el decreto de marzo de 2001, que obliga a las gasolineras a anunciar, mediante paneles visibles desde la carretera, los precios suyos y los de las dos estaciones más próximas.

Esta medida (Real Decreto 248/2001, de 9 de marzo, que desarrolló a su vez del Real Decreto-ley 15/1999) tenía que haber entrado en vigor, recuerda UCE, el 18 de noviembre pasado, pero ni las estaciones de servicio la cumplen ni el Gobierno está exigiendo, afirma, su observancia. Las petroleras y las gasolineras presentaron alegaciones contra la norma en las que argumentaban que es de muy difícil aplicación, entraña graves inconvenientes y que el coste en relación a su eficacia 'resulta desproporcionado', por lo que solicitaron su anulación.

En su denuncia ante el Servicio de Defensa de la Competencia, UCE-Asturias acusa a la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), que agrupa a las empresas petroleras y distribuidoras, y a la Confederación de Empresarios de Estaciones de Servicio de 'conducta ilícita y contraria a la libre competencia al acordar no cumplir un disposición legal que tiene precisamente como objetivo conseguir altos niveles de competencia a través de la información y transparencia a los consumidores finales', y exige una 'sanción ejemplarizante del 10% de los beneficios conseguidos por las operadoras denunciadas -Repsol, Cepsa, BP y otras-', cuya cifra estima UCE-Asturias en seis millones de euros (mil millones de pesetas).

El Servicio de la Competencia, dependiente del Ministerio de Economía, decidió sin embargo no abrir expediente al considerar que la instalación o no de tales paneles no vulnera los principios de la libre competencia. Tanto el Servicio como el Ministerio de Economía se remitieron al de Fomento como competente en la aplicación del decreto, pero este no precisó las causas de la demora en su ejecución.

UCE-Asturias también acusa de 'ilegalidad manifiesta' al Ejecutivo por no obligar a las operadoras y gasolineras a acatar el decreto. Dacio Alonso, presidente de esa asociación de consumidores, sostiene que 'el Gobierno ha engañado a los ciudadanos de forma deliberada. El Ejecutivo desarrolló una norma a sabiendas de que no iba a aplicarla ni la iba a hacer cumplir, lo que constituye un fraude a los ciudadanos de naturaleza tanto política -porque se había anunciado un compromiso que ahora no se asume- como jurídica, porque las leyes están para cumplirlas y aquí estamos hablando de un real decreto de obligado cumplimiento'. El real decreto fue aprobado por el Consejo de Ministros el 9 de marzo del año pasado a propuesta de los ministros de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, y de Economía, Rodrigo Rato, y el texto fue firmado por el ministro de la Presidencia, Juan José Lucas.

Este decreto es a su vez un desarrollo del Real Decreto-Ley 15/1999, por el que se habían aprobado medidas de liberalización, reforma estructural e incremento de la competencia en el sector de hidrocarburos y que ya establecía la obligación de que 'en los accesos a las autopistas y en las carreteras estatales se coloquen carteles informativos en los que se indiquen en todo caso las distancias a las estaciones de servicio más próximas o a las ubicadas en las áres de servicio, así como el tipo, precio y marca de los carburantes y combustibles petrolíferos ofrecidos en aquéllas'.

Respuesta de las petroleras

Tanto la AOP como la Confederación de Empresarios de Estaciones de Servicios alegaron contra la entrada en vigor de la norma dificultades e impedimentos diversos, y en ambos casos reclamaron 'dejar en suspenso su aplicación', según las gasolineras, e 'invalidar la totalidad de la norma', según las petroleras.

Éstas sostienen que 'sólo en Francia, y sólo en las autopistas de peaje, existe información tan detallada de los precios de las estaciones de servicio más próximas'. Argumentan además que la información sobre precios está en Internet, que puede ser difundida por el Ministerio de Economía por tratarse de datos de carácter público y que los nuevos carteles tendrían, por su tamaño, un 'importante impacto paisajístico', al margen de que la información prolija y comparativa que se exige afectaría a la seguridad vial al distraer la atención del conductor.