Cardenal autoriza a Villarejo a investigar a las petroleras tras vetarle hace dos meses

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ha autorizado hoy al fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, a encargarse de la investigación de la querella presentada contra las petroleras Repsol y Cepsa por la Plataforma de Consumidores de Carburantes, que acusa a las compañías de pactar el precio de las gasolinas. Hace apenas dos meses, Cardenal impidió al departamento de Villarejo presentar la querella a pesar de que había datos suficientes para imputar a los directivos de estas empresas un delito maquinación para alterar el precio de las cosas.

Fuentes fiscales han indicado que, la semana pasada, el fiscal Jiménez Villarejo remitió un escrito a Cardenal solicitando asumir en nombre de la Fiscalía la investigación de este caso. El fiscal general ha accedido a ello, por lo que Anticorrupción remitirá mañana al juez de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz Polanco, encargado de las diligencias, toda la documentación que obra en su poder sobre estos hechos.

En el mismo escrito, Villarejo anunció a Cardenal su renuncia a la petición de convocatoria de la Junta de Fiscales de Sala, para estudiar su discrepancia con el fiscal general respecto a la querella que la propia Fiscalía Anticorrupción preparó contra las petroleras por el mismo asunto, cuya presentación impidió Cardenal, de acuerdo con su Secretaría Técnica, al no encontrar indicios suficientes de delito.

La investigación de Anticorrupción

Cardenal ha resuelto que sea la Fiscalía Anticorrupción y no la de la Audiencia Nacional la que se ocupe de esta querella. Anticorrupción investigó los hechos entre junio de 2000 y enero de 2002, cuando propuso presentar la querella que rechazó Cardenal. Toda la documentación reunida en ese periodo será ahora entregada al juez Ruiz Polanco, que admitió a trámite la querella de la Plataforma de Consumidores de Carburantes el pasado 21 de mayo.

La Plataforma querellante está integrada por transportistas, agricultores y consumidores, y han dirigido su denuncia contra Repsol, Cepsa, BP y el resto de empresas integradas en la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), a las que acusa de alterar el precio de venta de los carburantes y evitar la libre concurrencia "mediante engaño y utilización de información privilegiada". Dicha querella fue admitida a trámite por el juez Central de Instrucción número 1, Guillermo Ruiz Polanco, y contó con el visto bueno de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. En el auto, el magistrado reclamó a la Fiscalía Anticorrupción la documentación sobre el caso que reunió durante más de año y medio.