La Generalitat afirma que la depuradora ilegal no molesta a los vecinos y recurrirá la sentencia del TSJ

La Consejería de Obras Públicas anunció ayer que recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano que declara ilegal la depuradora de San Fulgencio por no guardar la distancia mínima con un núcleo urbano.

La Generalitat no desmiente este extremo en su recurso, que presentará próximamente, limitándose a enumerar las actuaciones realizadas en la planta con el fin de 'garantizar la ausencia de olores y molestias a la zona urbana próxima'. La ley establece para este tipo de obras una distancia mínima de 2.000 metros con las viviendas más cercanas y señala una sola excepción ante la imposibilidad de cambio de ubicación. En este caso, el proyecto debe ser revisado por la Comisión Provincial de Servicios Técnicos, dependiente de la propia Generalitat, trámite que la consejería no cumplió.

El recurso de la Generalitat señala que la sentencia del TSJ 'no ilegaliza la depuradora, sino la aprobación del proyecto adoptado por la Mancomunidad para la Depuración del Margen Izquierdo del Río Segura'. Este organismo, formado por varias poblaciones de La Vega Baja y dependiente en última instancia también de la Consejería de Obras Públicas, ha anunciado que no recurrirá la sentencia, al igual que el Ayuntamiento de San Fulgencio.

Por otro lado, los partidos de la oposición solicitaron ayer la comparecencia en la Cortes de los titulares de Obras Públicas, José Ramón García Antón, y Medio Ambiente, Fernando Modrego. Francisco Pérez Baldó, diputado del PSPV, criticó 'la utilización mediática' que se ha hecho de la planta, frente al coste que ha supuesto la obra a los ciudadanos. Para Joan Antonio Oltra, de EU, la decisión de la Generalitat de seguir con las obras de la depuradora una vez conocidos los problemas de emplazamiento 'refleja la prepotencia del Gobierno del PP'.

Por su parte, Francisco Gómez, abogado de la Asociación de Vecinos El Oasis (colectivo que impugnó el proyecto de la depuradora), solicitó ayer la ejecución de la sentencia, que implicaría la demolición de la planta.