Ocho detenidos en la carga policial de Almería esperan su expulsión en Málaga

Un grupo de ocho inmigrantes, de los 28 que fueron detenidos en la manifestación del pasado martes en Almería, permanece en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Málaga, donde espera la tramitación del expediente de expulsión que anunció el subdelegado del Gobierno en Almería, Fernando Hermoso. Los ciudadanos magrebíes y subsaharianos fueron trasladados a Málaga durante la tarde del miércoles. Otros 12 inmigrantes fueron trasladados a Murcia y ocho, a Valencia, según el Ministerio del Interior.

La Subdelegación del Gobierno en Málaga constató ayer que los ocho norteafricanos, todos hombres, no serán repatriados al menos hasta la próxima semana, si bien pueden permanecer internados un máximo de 40 días, de acuerdo con la Ley de Extranjería. Los otros 20 detenidos en Almería fueron conducidos ayer a Murcia y Valencia, donde esperan su expulsión tras la carga policial que ha levantado las críticas de partidos y asociaciones hacia la Subdelegación del Gobierno en Almería, que confirmó a medio día de ayer el traslado.

El traslado de estos 20 inmigrantes a Málaga fue descartado, ya que el recinto, con capacidad para unos 100 internos, no podría absorber a este contingente al estar cercano al límite de plazas. Tampoco habrá una salida significativa de internos en los próximos días. Durante el día de ayer sólo estaba previsto que dos ciudadanos rumanos abandonaran el centro.

Desde que conocieron la llegada de los inmigrantes, una quincena de representantes del Movimiento contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social y de la asociación Ninguna Persona es Ilegal acamparon en los jardines situados frente al centro de internamiento. Allí bloquearon la salida de cualquier vehículo del recinto durante la madrugada del jueves y el día de ayer. Los manifestantes sólo dejaban paso cuando comprobaban que los ocupantes de los vehículos no eran los inmigrantes pendientes de expulsión.

El portavoz de la primera de estas asociaciones, Nicolás López, lamentó la 'clandestinidad' con la que el Gobierno 'mueve y encierra' a los inmigrantes como 'criminales cuando se supone que están amparados por una ley'. Esta circunstancia provocó que los abogados de las asociaciones de defensa de los inmigrantes no se hayan podido prestar asesoramiento legal a los 28 detenidos en Almería. 'Por eso les han asignado abogados de oficio y así no tenemos detalles de cuándo serán deportados o de los posibles traslados', afirmó López.

El director general de Políticas Migratorias de la Junta, Pedro Moya, acusó al Gobierno de hacer 'dejación de funciones' en materia de inmigración, lo que 'favorece la aparición de bolsas de irregulares' que frenan las posibilidades de integración. Como ejemplo, detalló que en tres años, los inmigrantes detenidos en el Campo de Gibraltar se multiplicaron por cinco, al pasar de 3.500 en 1999 a 18.000 en 2001, informa Leonor García.