La juez aprecia homicidio en el 'caso Bazar España'

La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, Rocío Pérez Puig, que investiga el derrumbe del muro del antiguo Bazar España el 31 de diciembre de 1998, ha abierto juicio oral por cinco delitos de homicidio por imprudencia grave contra los siete procesados en la causa, el arquitecto y dos aparejadores así como cuatro funcionarios de la Gerencia Municipal de Urbanismo, a los que ha impuesto además una fianza de 1.502.530,26 euros (250 millones de pesetas) a cada uno de ellos.

El auto, que también ha decretado la responsabilidad civil del Ayuntamiento de Sevilla y de Inmobiliaria Osuna, requiere a cada uno de los imputados para que hagan frente en un plazo de 24 horas a la fianza mencionada y, además, les ha citado para la próxima semana para notificarles personalmente el auto.

Los imputados en la causa, a los que las acusaciones particulares han pedido una condena de hasta tres años de prisión, son el director facultativo de la obra y autor del proyecto de demolición, el arquitecto Luis Recuenco Aguado, y los aparejadores Antonio Camero y Dionisio García.

Igualmente, están imputados cuatro funcionarios de la Gerencia de Urbanismo, entre ellos el jefe de licencias y disciplina de la Gerencia, Juan García Gil, los técnicos de dicho departamento Juan Mauduit Morón y Francisco López Larrañaga; y el técnico de Conservación de la Gerencia José David Muñoz.

La juez atribuye la presunta autoría de un delito de homicidio por imprudencia grave, tal y como había puesto de manifiesto la Audiencia de Sevilla, frente a la tesis de la Fiscalía, que ha mantenido la postura del juez que instruyó anteriormente la causa, en el sentido de que los citados hechos en los que murieron cinco personas, sólo eran constitutivos de una falta por imprudencia simple.