El segundo escalón de la LOU

Mientras el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, anunciaba un desarrollo de la LOU en el ámbito de su competencia que minimizara los 'efectos negativos' de la ley, en la Comunidad Valenciana el director general de Universidades, Salvador Forner, daba a conocer las Bases para el desarrollo autonómico de la Ley Orgánica de Universidades y mostraba su satisfacción por ser la comunidad autónoma más avanzada en el proceso. Tan avanzada que los rectores y presidentes de los consejos sociales de las universidades valencianas ya han sido citados para abordar el tema esta misma semana, en el marco de un Consejo Asesor 'donde las bases pasen a ser definitivas', en palabras de Forner.

Tanto lo que se dice como lo que no se dice en esas Bases suscita inquietud de los responsables académicos. No se dice nada de la composición definitiva de los consejos sociales, salvo la reducción a seis miembros de la representación académica (miembros de la comunidad universitaria), tal y como establece la LOU, lo que deja el campo abierto a que la Administración diseñe la mayoría política y social que considere pertinente. La dirección general de Universidades baraja un órgano de en torno a 25 miembros. Tampoco dice nada acerca de si se mantiene o no la capacidad de intervención y control a priori de las cuentas de la universidad recogida en el proyecto de ley elaborado (y aparcado) el año pasado por el Consell, tan contestado desde el campus. Sí se habla de la posible supresión del Consejo Social Interuniversitario incluido en ese proyecto. En este caso, la cuestión es si los actuales presidentes de consejos sociales defensores de su creación aceptarán de buen grado la supresión del mismo.

Sí se dice, y ello ha creado malestar en los responsables académicos, que los miembros del Organismo Valenciano de Acreditación, encargado de evaluar los méritos del profesorado a contratar, serán nombrados por dos consejerías y las Cortes Valencianas, con mayoría absoluta del PP, por 'un periodo de 10 años' y 'sin posible revocación de los mismos'. 'Lo dejan atado y bien atado', señala un importante cargo universitario, 'sin que se conceda siquiera a la universidad la posibilidad de proponer candidatos con méritos acreditados'.La LOU señala entre las competencias autonómicas 'la regulación del régimen jurídico y retributivo del profesorado contratado' y 'la capacidad para establecer retribuciones adicionales', que el Consell puede regular por decreto. La ley establece 7 categorías de profesores contratados. Dos son nuevas: 'contratados doctores' (en dos niveles, equivalentes al catedrático y al titular de universidad) y los 'colaboradores' (equivalente a titular de escuela universitaria). En las restantes figuras, destacan los incrementos retributivos para profesores ayudantes doctores y ayudantes en formación, que las Bases para el desarrollo autonómico de la LOU sitúan entre un 30% y 40 % sobre las actuales. Pero no dicen cómo se financiarán estos incrementos. Mientras tanto, responsables universitarios señalan la imposibilidad actual de contratar profesores 'ni con arreglo a la LRU, porque está derogada, ni por la LOU, porque está pendiente de desarrollo autonómico'.

Los profesores funcionarios podrán recibir tres tipos de 'retribuciones adicionales', bien por méritos de 'calidad' o 'movilidad' docente e investigadora, bien por méritos 'de gestión académica'. Un profesor puede ver aumentados sus ingresos en cantidades entre los 1.600 y los 9.000 euros. Son cantidades que establece el Consell, pero que deberán asignar las universidades a los profesores que lo soliciten y vean aprobada su petición por el Consejo Social. Algunas universidades (Politécnica y Jaume I), que ya habían comenzado a aplicar este tipo de complementos retributivos por el artículo 46.2 de la LRU, deberán adaptarlos 'a lo establecido' en las Bases, con efectos 'de octubre de 2002'. Las demás, se enfrentan a la peliaguda cuestión de dónde saldrán recursos para sufragar esas retribuciones adicionales de sus funcionarios. El asunto resulta especialmente problemático para la Universidad de Valencia, la de mayor porcentaje de profesorado funcionario en la plantilla. Si, tal como comentan distintas fuentes, la Administración propone que el dinero salga de la financiación por objetivos, el debate está servido. Los sindicatos, por su parte, plantean que este tema debe ser abordado en la mesa sectorial de universidades, cuya constitución es, como subraya FETE-UGT, una reivindicación que viene de largo. CCOO, por su parte, recuerda la propuesta de un convenio global que incluiría al profesorado contratado y que requeriría formar una comisión negociadora.