Barberá solicita al PP que apueste por una 'segunda descentralización'

Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, ha formulado varias enmiendas 'de adición' a la ponencia sobre el modelo de Estado que se debatirá en el próximo congreso del PP encaminadas a reforzar la 'segunda descentralización' de competencias desde las comunidades autónomas a las corporaciones municipales.

La ponencia El Estado en el siglo XXI. Nuevas responsabilidades, que ha sido elaborada por Gabriel Elorriaga, secretario de Organización Territorial del PP, y por Pilar del Castillo, ministra de Educación, prevé un impulso del Pacto Local y estimula la cesión de varias competencias a las corporaciones locales.

Barberá, que combina su condición de presidenta nacional de la Federación Española de Municipios y Provincias con la de compromisaria en el congreso, subraya varios aspectos del texto y añade toda una serie de reflexiones sobre la administración local con intención de forzar una decidida apuesta del partido por el municipalismo.

El texto vincula la globalización con la reivindicación de la proximidad, y Barberá incide en la necesidad de que las ciudades disfruten de una 'mayor consideración' y sus responsables poíticos de 'más responsabilidades'.

El 75% de los habitantes del planeta residen en núcleos urbanos, comenta la alcaldesa de Valencia; las nuevas tecnologías tienen mucha mayor incidencia en las ciudades; y, por otro lado, para el 90% de la población española el ayuntamiento es la única referencia institucional. 'En las grandes capitales tienen sede todos los organismos, pero en la inmensa mayoría de los pueblos sólo hay ayuntamientos', comenta Barberá. Por eso incide en la importancia de la institución municipal como 'primer escenario de debate y primer foro de participación política'.

Evitar duplicidades

La segunda descentralización persigue 'evitar duplicidades' en la gestión de competencias y requiere 'una adecuada financiación'. La FEMP siempre ha reclamado una equiparación del volumen de fondos públicos que manejan las comunidades autónomas y los ayuntamientos, pero la reciente transferencia de la Sanidad desde el Estado a los gobiernos regionales ha dinamitado todos los límites. Las comunidades autónomas controlan ahora un 47% del gasto público, frente a un 40% en manos del Gobierno y el 13% que gestionan los ayuntamientos. Barberá evita estimar los porcentajes que debe asumir cada institución, pero recuerda que 'los ayuntamientos también son Estado' y apuesta por un 'equilibrio' en el volumen de gasto.

La transferencia de competencias o la mera delegación carecen de mayor importancia, de acuerdo con las propuestas de Barberá. Pero la alcaldesa de Valencia insiste en la importancia del principio de subsidiariedad consagrado por la Unión Europea que pretende 'acercar' la administración al ciudadano.