Condenada a dos años la directora de un geriátrico que falsificó recetas

La Audiencia de Barcelona ha condenado a una pena de dos años de prisión a la directora de un geriátrico de Barcelona que falsificó recetas médicas para pensionistas por valor de más de 130.000 euros (21,6 millones de pesetas).

La acusada robaba las recetas de diferentes centros de asistencia primaria, en los que también trabajaba haciendo sustituciones, además de dirigir el geriátrico, y después las giraba a su propio nombre o al de otros médicos sin su consentimiento. Tras falsificar las recetas, que rellenaba con el nombre de ancianos del geriátrico, de pacientes de los centros públicos o incluso de familiares, la procesada acudía a la farmacia para obtener los medicamentos y después los vendía. La Sección Tercera de la Audiencia de Barcelona ha condenado a la acusada, Ana Cristina G. S., médica colegiada, que era la directora de la residencia geriátrica Mediterránea, por un delito continuado de falsificación en documento oficial. El tribunal ha atenuado la pena a la procesada, ya que ésta presentó avales para demostrar que pagaría la cantidad de dinero que estafó al Servicio Catalán de la Salud al falsificar las recetas.

El geriátrico que dirigía la acusada, que estaba situado en la calle de Vilamarí de Barcelona, tenía un máximo de cuatro plazas. Según señala la sentencia, durante los años 1996 y 1997 la procesada, valiéndose de su 'condición de funcionaria' y 'con ánimo de lucrarse', consiguió apoderarse de recetas médicas para pensionistas 'aprovechando el fácil acceso que por su trabajo de médico suplente tenía a diferentes talonarios y sellos pertenecientes a médicos que sustituía o de otros profesionales de los mismos centros'.

Ánimo de lucrarse

La procesada cogía las recetas de los despachos del médico que suplía y en otras ocasiones se hacía con recetas facturadas con el sello de prescripción correspondiente estampado y las 'rellenaba a su conveniencia', haciendo uso del nombre de 'supuestos pacientes que conocía' o de parientes suyos.

Según el tribunal, ninguno de los pacientes cuyos nombres utilizó tuvo 'necesidad (...) de los medicamentos especificados en las recetas' o los retiró de las farmacias. Una vez falsificadas las recetas, la acusada las entregaba en la farmacia 'personalmente o bien a través de desconocidos', se hacía con los medicamentos y los utilizaba 'en provecho propio con ánimo de lucrarse económicamente, sin que a cambio tuviera que pagar nada', según señala la sentencia.

Además, el tribunal afirma en la sentencia que los medicamentos que retiró la procesada en las farmacias 'con este procedimiento' eran de un elevado coste. El importe de los medicamentos y productos sanitarios 'obtenidos ilícitamente' ascendió a 131.705,76 euros.