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Columna
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Clandestinidad

El episcopado español ha decidido poner sitio al Estado de Derecho. Su empecinamiento, reflejado en los despidos de dos docentes de religión, es muestra de que ni casados por lo civil, ni militantes de IU tienen cabida en la enseñanza pública, si está en sus manos. Es un posicionamiento, aunque no se quiera ver, que no es nada nuevo. Es añejo. De siempre, muchos de estos representantes se han movido más cómodamente en países en los que el Estado de Derecho estaba ausente. El militarismo y la dictadura ocupaban su lugar. El gusto por estos sistemas les ha hecho vivir con y de ellos. De esta forma no tenían que esforzarse en lograr la fe. Bastaba que se ordenara y se tenía. Eran días de domingo, y fiestas de guardar, obligatorios. Por lo que se ve, el tiempo no ha pasado. Pero como siempre ha sido así, no es de extrañar.

Lo que sí resulta llamativo es que jueces, fiscales, abogados del Estado y Gobierno acepten esta forma de actuar y la cobijen. Que no sean capaces de encontrar un resquicio interpretativo en las leyes que impida que militantes de IU y casados civilmente puedan trabajar en los colegios públicos sin tener que llevar su vida privada, o su militancia, en clandestinidad.

Esta situación no parece que responda al sentido de Justicia en el concepto de Tomás de Aquino. Tampoco parece que deba encontrar amparo en un pacto, cuando el artículo 95 de la Constitución prohíbe tratados que 'contengan estipulaciones contrarias a la Constitución', por mucha agua bendita que lleven.

Claro que, a lo mejor, tiene que ser así. A lo mejor no importan estas cosas de la Constitución, o sólo importan dependiendo de quien se haga ciscos en ella. Si es de esta forma, puede que terminemos encontrando justificado que Arzallus exija que los obispos sean vascos, y del PNV. Esto, hoy. Mañana exigirá un pacto que autorice que la Constitución no se aplique en sus territorios. Se puede decir que si el gobierno eclesiástico puede elegir a sus militantes y sus normas, también el Gobierno vasco puede elegir a sus obispos y sus normas. Todo muy legal. Sin embargo, por este camino no va a resultar extraño que para muchos se imponga la clandestinidad, si quieren trabajar y vivir en un Estado de Derecho.

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