Competencia sanciona a Sintrabi por imponer tarifas abusivas en el Puerto de Bilbao

El Tribunal de Defensa de la Competencia ha impuesto una multa de 1,26 millones de euros (210 millones de pesetas) a Sintrabi, el sindicato de transportistas autónomos vizcaínos, una asociación de consignatarios de buques y estibadores y cerca de 40 empresas por prácticas anticompetitivas en la aplicación de las tarifas de transporte en el Puerto de Bilbao.

El tribunal concluye que hay irregularidades en cuatro tipo de tarifas diferentes, las correspondientes al transporte de contenedores por camión, las operaciones mediante camión basculante a menos de 200 kilómetros del puerto bilbaíno y otras dos sobre el servicio de camión de carga general también en distancias inferiores a 200 kilómetros. El órgano que vela por la libre competencia considera además que estas irregularidades 'se encuentran entre las infracciones más graves en materia de derecho de competencia'.

La resolución, dictada el pasado 19 de diciembre, da la razón a los planteamientos del Gobierno vasco y la Autoridad Portuaria, que en 1998 ya denunciaron la imposición de tarifas 'abusivas' que afectaban gravemente la competitividad de las empresas que operan en el Puerto. La mayor parte de la sanción recae en Sintrabi, que deberá pagar 1,2 millones de euros (200 millones de pesetas) y al que el tribunal culpa principalmente de las prácticas anticompetitivas. Este sindicato, que aglutina a 2.000 transportistas vizcaínos que tienen una flota de 18.000 camiones, ha protagonizado acciones radicales en los últimos años, como la controvertida huelga de transporte de 1997 que paralizó Euskadi durante 15 días y afectó gravemente al resto de España.

La denuncia sobre las tarifas del transporte en el interior del Puerto de Bilbao se remonta a 1998. A finales de ese año, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) presentó una demanda ante el Servicio de Defensa de la Competencia en auxilio de sus asociados, que no podían trabajar en el recinto portuario bilbaíno. En 1999, Defensa de la Competencia abrió un expediente sancionador 'por prácticas restrictivas de la competencia' a Sintrabi, la asociación de consignatarios y estibadores del Puerto de Bilbao y cerca de 40 empresas más.

El informe, concluido a finales de 2000, veía infracciones en las tarifas del transporte en camiones de contenedores, carga general y basculantes. El Pleno del Tribunal de Defensa de la Competencia, en su fallo definitivo del pasado 19 de diciembre, considera que estas tarifas implican 'limitaciones al acceso de otros transportistas al mercado, a las condiciones de pago que pueden acordarse y a la carga mínima que puede facturarse'.

En sus argumentaciones, incluye los planteamientos de la Autoridad Portuaria de Bilbao y el Gobierno vasco, contrarios a los acuerdos sobre tarifas impulsados por Sintrabi. Estos dos organismos calificaron en 1998, en una nota conjunta, que las tarifas de transporte acordadas eran 'abusivas' y argumentaban que 'estas prácticas restrictivas de la competencia afectan gravemente a la competitividad de las empresas industriales y la libertad de comercio'.

Defensa de la Competencia rechaza las alegaciones de Sintrabi y las empresas expedientadas y señala que las 'cuatro conductas [sobre las tarifas consideradas anticompetitivas] consisten en la fijación de precios para diversos tipos de operaciones de transporte por carretera y, por tanto, se encuentran entre las infracciones más graves en materia de derecho de competencia'. Junto a ello señala que tres de ellas 'llevan anejas la fijación de otras condiciones comerciales, que constituyen también infracciones graves en materia de competencia'.

El tribunal admite que no ha podido investigar la cuota de mercado de 'las empresas que han intervenido en los distintos pactos' de precios, por lo que 'no ha podido graduar las multas'. Por ello, las ha impuesto 'en consonancia con lo que correspondería a unas empresas cuya cuota de mercado fuese modesta'.

Según los datos del Gobierno vasco, el movimiento total del puerto bilbaíno es de 235.000 camiones anuales, de los que los asociados a Sintrabi controlan el 80%, lo que supone 120 millones de euros (cerca de 20.000 millones de pesetas).

La resolución, contra la que los afectados pueden interponer recurso en la Audiencia Nacional, señala que varias de las empresas consignatarias y de estiba inculpadas denunciaron inicialmente estas prácticas al Gobierno vasco y 'sólo tras la inactividad de éste y en un contexto de enfrentamientos violentos optaron por adherirse a estos acuerdos anticompetitivos'.

'Especial responsabilidad'

El tribunal habla de la 'especialísima responsabilidad' de Sintrabi, 'que ha pilotado la formación de los cuatro acuerdos, publicados bajo sus auspicios, y que ha ejercido la función de policía en cuanto a su cumplimiento'. Añade que la fijación de los precios 'nunca hubiera podido alcanzarse, ni ponerse en práctica, sin esa intervención especial de Sintrabi'.

Las prácticas anticompetitivas se remontan a 1994, señala el tribunal, y han afectado a 'una cifra muy elevada de movimientos de camión', por lo que ha tenido una 'influencia muy importante' en la falta de competitividad 'que afecta seriamente' al puerto bilbaíno.

Las multas establecidas suponen, además de los 1,2 millones de euros para Sintrabi, otros 3.005 euros (500.000 pesetas) para la asociación de consignatarios de buques y estibadores y 1.202 euros más (200.000 pesetas) para cada una de las medio centenar de empresas inculpadas. En sus conclusiones, Defensa de la Competencia expresa la necesidad de que su resolución tenga 'una amplia difusión' debido a 'razones de ejemplaridad y para evitar confusión en estos aspectos'. Por ello, ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado y en dos diarios nacionales que se publiquen en Madrid y Bilbao. El coste de los anuncios los debe asumir Sintrabi y 'el incumplimiento de esta sanción acaerrará una multa de 50.000 pesetas (300,51 euros) diarias'.