Los educadores sociales de Vizcaya exigen condiciones de trabajo 'dignas'
El sindicato ELA reclamó ayer en Bilbao a las instituciones que regularicen la situación laboral de los educadores sociales, un colectivo integrado por unas 700 personas en Vizcaya. ELA demandó, a través de su responsable de educación social, José Mari Larramendi, a los empleadores que creen un convenio laboral propio y que en sus pliegos de contratación incluyan cláusulas de subrogación para la renovación de las plantillas y una financiación adecuada.
Los educadores sociales trabajan en ámbitos como los pisos tutelados, la educación de calle, el absentismo escolar, la reinserción de drogodependientes y la inserción social y laboral.
Larramedi explicó que ELA está recabando firmas entre los educadores sociales de Vizcaya para hacerlas llegar a Eudel (la asociación de municipios vascos) y a varios ayuntamientos en protestas por la precariedad laboral del colectivo. El día 19 se celebrará una asamblea general.
En Vizcaya existen unas 80 empresas de este sector, que dan empleo a unas 700 personas. La mayoría de ellas tiene contrato temporal porque dependen de los pliegos de contratación que las instituciones. Las jornadas laborales y los salarios suelen depender del programa o la institución contratante.
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