Balance de un año difícil

A la hora de pasar página y hacer balance del convulso año 2001, no podemos soslayar los atentados terroristas del 11 de septiembre. Los ataques contra los puntos neurálgicos de la economía norteamericana han volteado el contexto económico mundial y han anticipado una desaceleración que casi todo el mundo vaticinaba y que nuestros gobernantes se negaban, de forma irresponsable, a admitir.

El año que cerramos también quedará marcado por la reforma del mercado de trabajo impuesta unilateralmente en marzo por el Ejecutivo del PP que, actuando de forma prepotente, desdeñó el diálogo social y decretó una reforma laboral que impacta en la línea de flotación de las condiciones y derechos de los trabajadores y trabajadoras.

Desgraciadamente, las nefastas consecuencias advertidas entonces por la Unión General de Trabajadores se han confirmado con el paso del tiempo y la posibilidad de un paro general se aplazó sine die por la negativa del otro sindicato mayoritario a admitir la gravedad de estos hechos. La carencia de sintonía entre los dos sindicatos mayoritarios quedó reflejada en las distantes posturas defendidas por ellos y por nosotros a raíz de la firma, en abril, de un acuerdo de pensiones que no contó con la rúbrica de la UGT y sí con la de Comisiones Obreras, la patronal CEOE y el Gobierno.

La UGT no quiso ser cómplice de un Acuerdo cuyo contenido era demasiado rácano ya que, como ahora ha quedado confirmado, no mejora la situación del 70% de los beneficiarios de la pensión de viudedad -que seguirán cobrando mínimos-, no recoge el derecho a la jubilación anticipada, vincula la jubilación más allá de los 65 años y dilata injustificadamente a un plazo de 12 años -tres legislaturas- la separación de fuentes de financiación de las pensiones.

Aquellos que vaticinaron el desmoronamiento de la UGT tras la marcha de Pedro Díaz Chavero de la Ejecutiva de nuestro sindicato centenario -mezclando su dimisión con la negativa del sindicato a suscribir el acuerdo de pensiones-, habrán comprobado su falta de tino, con una UGT más cohesionada que nunca.

En el ámbito de la Comunidad Valenciana, la UGT del País Valenciano sí firmó en julio -junto a Comisiones Obreras, patronal y Gobierno valenciano- el Pacto Valenciano por el Crecimiento y el Empleo (Pavace 2001-2006) ya que, a diferencia de la revisión del AVEF, consideramos que los contenidos, aún siendo mejorables, respondían en su conjunto a las reivindicaciones defendidas por la UGT-PV.

El establecimiento en el acuerdo de la jornada laboral de 35 horas semanales, en cómputo anual, para los empleados públicos al servicio de la Administración general del Gobierno valenciano supuso la concreción de una demanda fundamental para nuestro sindicato que, dicho sea de paso, tendría que servir de aliciente para la generalización de las 35 horas en todos los colectivos y sectores laborales de nuestra Comunidad.

Con los Presupuestos de la Generalitat Valenciana, elaborados un año más a imagen y semejanza de las cuentas generales del Estado, se ha puesto nuevamente de manifiesto el diferente talante que demuestra el Gobierno a la hora de acordar y, posteriormente, el que esgrime a la hora de concretar presupuestariamente lo acordado.

El Ejecutivo valenciano ha vuelto a dejarnos sin ningún margen de maniobra, dado que fuimos informados del anteproyecto de Ley de Presupuestos al mismo tiempo que éste estaba siendo aprobado por el pleno del Consell. Por otra parte, las grandes cuentas autonómicas, que siguen castigando a los empleados públicos con una previsión de inflación del 2% para 2002, son ajenas a la realidad económica y sociolaboral de la Comunidad Valenciana, ya que se basan en un cuadro macroeconómico ficticio que no tiene en cuenta las claras perspectivas de ralentización económica agravada por los actos terroristas del 11 de septiembre.

Por otro lado, el Consell, en un nuevo ejercicio de donde dije digo, digo diego, sigue teniendo este año en su haber el flagrante incumplimiento de un acuerdo alcanzado con la UGT-PV respecto de los locales de Castellón en concepto de patrimonio sindical.

El año 2001 siguió deparando nuevas sorpresas. El Ejecutivo urdió una nueva intromisión en una materia tan genuinamente propia de los agentes sociales y económicos como es la negociación colectiva. Todo hacía presagiar una imposición similar a la reforma laboral de marzo ya que, nuevamente, apareció la inexplicable complicidad del otro sindicato mayoritario, cuya tibia postura inicial volvía a chirriar frente a la firmeza de la UGT que, desde un principio, reivindicó el protagonismo de sindicatos y patronal en la negociación colectiva, negándose a reconocer ni un ápice de autoridad al Gobierno sobre esta materia, extremo en el que coincidió el presidente de la CEOE, José María Cuevas. Afortunadamente, las advertencias públicas realizadas por la UGT no cayeron en saco roto y la reforma de la negociación colectiva es una cuestión que seguirán protagonizando, exclusivamente, sindicatos y patronal, como se ha demostrado el pasado día 20 de diciembre con la firma del Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva de 2002.

Para intentar contrarrestar el varapalo que supone la reforma laboral de marzo, la UGT, en una nueva muestra de coherencia y responsabilidad sindical, ha puesto en marcha recientemente una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) cuyos objetivos son mejorar la calidad del empleo y la seguridad en el trabajo. La UGT, que no se caracteriza por ser un sindicato que se acomoda a las circunstancias, no podía permanecer impasible ni vendarse los ojos ante los gravísimos problemas de la precariedad y la siniestralidad laboral.

En las últimas líneas del balance de este año quiero destacar el reciente homenaje rendido por la UGT-PV al que fuera durante 18 años secretario general de nuestro sindicato, Nicolás Redondo Urbieta; homenaje que hemos querido enmarcar en la celebración del 25 aniversario del XXX congreso de UGT y que tuvo su colofón con el nombramiento, por la Universidad Politécnica de Valencia, de Nicolás Redondo, como doctor honoris causa -nombramiento que recayó igualmente en Marcelino Camacho, ex secretario general de Comisiones Obreras-.

Finalmente, quisiera aprovechar esta tribuna para desear a todos los trabajadores y trabajadoras de la Comunidad Valenciana un 2002 menos difícil que el año que ahora cerramos, con más empleo estable, más seguridad en el trabajo y con mayores cotas de protección social; objetivos con los que la UGT-PV está plenamente identificada.

Rafael Recuenco Montero es secretario general de UGT-PV.