Año preelectoral
Los compromisos y retos que tiene ante sí Andalucía a corto plazo hacen que haya escaso margen para el descanso en esta primera semana del año que será aprovechada por unos y otros para fijar sus planteamientos futuros. De este modo, la condición de año preelectoral marcará el desarrollo de la agenda política en nuestra comunidad durante el próximo ejercicio. La cercanía, en 2003, de las elecciones municipales y un año más tarde de los comicios autonómicos y generales obligará a las distintas fuerzas a poner a punto sus organizaciones para configurar candidatos y listas al tiempo que, de puertas para afuera, deberán sacar el máximo provecho posible a la gestión en las distintas administraciones de las que son responsables.
El escenario, por tanto, lejos de aparecer como de pura transición se convierte así en el terreno de juego ideal para marcar distancias y definir posiciones. En el PSOE se enfrascarán en la segunda modernización de Andalucía que preconiza su secretario general, Manuel Chaves. Una tarea que les llevará a la celebración de una conferencia política allá por el mes de mayo con la que tensar el pulso interno. Todo ello, sin olvidar el proceso de designación de candidatos a las alcaldías con el recurso, en los casos que así lo determinen, de elecciones primarias para elegir al mejor y no al que mayores apoyos internos tenga, según gusta decir al mismo Chaves.
También el PP se verá abocado a esta tarea de escoger a los suyos para tratar de recomponer ese cuadro ideal de las ocho capitales andaluzas en sus manos, además de para conseguir incrementar su presencia en las zonas rurales, verdadera asignatura pendiente de los populares en Andalucía. Conocedores de que un buen resultado en las municipales puede abrirles las puertas del Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, van a echar, sin duda, el resto en esta cita electoral. De igual modo, en su horizonte inmediato se sitúa la celebración del congreso nacional en donde, de nuevo, Javier Arenas saldrá elegido como secretario general, lo que hace desvanecer las especulaciones sobre la posibilidad de que fuera el político sevillano el candidato finalmente elegido por el PP para las elecciones andaluzas, de tal modo que este cometido recaerá sobre la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez.
Será, igualmente, el año en el que se ha de consolidar o no el liderazgo de Diego Valderas en Izquierda Unida, por lo que ha de salvar las importantes resistencias internas que persisten en el seno de esta formación al nuevo rumbo que pretende imponer, lejos ya de la pinza que articuló en su día con el PP y que tan malos resultados le ha reportado. En esta fase de recuperación será conveniente seguir de cerca el papel que juegue la alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, como figura que puede desarrollar un papel clave en la renovación que se quiere llevar a cabo en Andalucía por parte de los izquierdistas.
En cuanto a los andalucistas, el panorama no puede ser más incierto. En el PA de Alejandro Rojas-Marcos y Antonio Ortega, liberados ya del dolor de muelas permanente que, según ellos, les representaba la presencia de Pedro Pacheco, queda por comprobar si tendrán capacidad por sí mismos de afrontar un discurso propio con el que obtener réditos claros de su presencia en el gobierno de coalición con los socialistas. Al PSA del alcalde jerezano, mientras tanto, le basta con hacerse fuerte en la provincia de Cádiz y en otros puntos aislados como para invalidar, como mínimo, la condición de partido bisagra al andalucismo y a la que tanto provecho le han sacado hasta ahora.
A este conjunto de expectativas habrá que unir el trabajo diario que les espera a todos de forma inmediata. Por de pronto, rebatiendo esa idea del Gobierno de José María Aznar de dar por cerrado ya en España el mapa autonómico, tras completarse las transferencias en materia de sanidad a otras diez comunidades. Decir eso cuando en Andalucía aún se aguardan las políticas activas de empleo o las confederaciones hidrográficas suena, cuanto menos, a desprecio a las aspiraciones legítimas de autogobierno aquí existentes.
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