Siurana ordena derribar 1.300 nichos en Lleida sin indemnizar a sus dueños

Más de un centenar de titulares de nichos ubicados en el departamento de Sant Anastasi del cementerio municipal de Lleida, el más antiguo del recinto funerario, han iniciado una campaña contra el Ayuntamiento para impedir el traslado de los restos de sus familiares a otro lugar, ya que un decreto del alcalde, el socialista Antoni Siurana, ha declarado el estado de ruina de 1.300 sepulturas sin derecho a recibir una indemnización.

El consistorio leridano ha comunicado a familiares y titulares de los nichos que disponen de 15 días para comunicar dónde desean inhumar los restos humanos enterrados en el sector que será demolido. Los afectados critican que el Ayuntamiento no les haya convocado nunca para informarles de la declaración de ruina de la parte del cementerio en la que están enterrados sus antepasados y que se hayan enterado de esta circunstancia por los medios de comunicación.

Algunos afectados recibieron la primera notificación oficial cuando el decreto ya había sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia. Otros muchos titulares no han sido localizados a pesar de residir en Lleida y de que el Ayuntamiento les cobra impuestos cada año. La declaración de ruina económica de los nichos comporta la extinción del derecho de sus titulares, algo con lo que éstos no están de acuerdo.

Quejas a la síndica

En 1988, un técnico municipal emitió un informe sobre la necesidad urgente de adoptar los mecanismos necesarios para evitar la declaración de ruina de esta parte del cementerio a causa del estado tan lamentable en que se encontraba. Los afectados, que estudian la posibilidad de convocar manifestaciones, se han quejado a la Sindicatura de Greuges municipal por no haber sido informados. La titular de esta institución, Teresa Areces, considera que el consistorio ha actuado con desidia y mucha dejadez, ya que 'no se puede comprender, se mire por donde se mire, que en 14 años la Administración no haya informado nunca a nadie del estado en que se encontraba el departamento de Sant Anastasi, y tampoco que no tomara las medidas necesarias'.

Areces ha recomendado al Ayuntamiento de Lleida que intente llegar a un acuerdo con los titulares de los derechos funerarios de los nichos, teniendo en cuenta no sólo los criterios legales, sino también los 'morales, religiosos y sentimentales' que en este caso están en juego y que 'han de ser siempre respetados por la Administración, sobre todo cuando su actuación no ha sido la correcta'.

El Ayuntamiento de Lleida ha rechazado todas las alegaciones presentadas por los afectados, que proponían la reparación de los nichos a pesar de que algunos enterramientos datan del año 1840. Montserrat Delmàs y Laura Cervera, portavoces del colectivo afectado, han denunciado la 'prepotencia y la falta de sensibilidad' del consistorio, que sólo les ha dado dos opciones: enterrar los restos en una fosa común o adquirir otro nicho a precio de mercado en otra parte del cementerio.