Sancho asegura que no se extraerá agua del Ebro por debajo del caudal ecológico

Representantes del Gobierno central y de la Generalitat constituyeron formalmente ayer en Amposta la comisión ejecutiva del Consorcio para la Protección Integral del Delta del Ebro (CPIDE), organismo que gestionará unos fondos calculados entre 75.000 y 150.000 millones de pesetas, y que debe fundamentar técnica y ambientalmente las condiciones objetivas para hacer posible un trasvase del Ebro garantizando el futuro ambiental del río y su delta, según la disposición adicional décima de la ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN).

El consorcio es el encargado de elaborar un plan de protección integral del delta del Ebro que defina 'el régimen hídrico del río desde Riba-roja hasta el delta del Ebro y hacerlo compatible con las actividades de los distintos sectores económicos', según el presidente del consorcio y delegado del Gobierno de la Generalitat en las tierras del Ebro, Francesc Sancho. 'Asumo públicamente que si no hay agua suficiente no se va extraer. Tenemos poder político para garantizarlo', afirmó ayer Sancho.

Tras la revuelta generalizada que la aprobación del PHN originó, los dirigentes del PP y CiU se han esforzado constantemente en destacar las virtudes del consorcio, no sólo como único garante de las condiciones ambientales y productivas del delta, sino también como instrumento eficaz para luchar contra los problemas de regresión y salinización que sufre el delta del Ebro. 'Debe abordar temas esenciales: el régimen hídrico, los sedimentos, el modelo agronómico del territorio, la planificación hídrica... y garantizar las actividades económicas de la zona', explicó el mismo Sancho. 'Además debe hacer posible que dé un impulso al crecimiento sostenido y sostenible del territorio', agregó el director del CPIDE y dirigente del PP de Tortosa, Joaquim Fabra. Sin embargo, según la Plataforma para la Defensa del Ebre el organismo es un 'caballo de Troya' que persigue 'dividir el territorio'. La plataforma ha llamado ya a las entidades invitadas a colaborar en el organismo a rechazar su participación. Asimismo, con el trasfondo de un plan incluido a última hora por el Gobierno en la ley del PHN tras las enmiendas de CiU, denuncia un intento de 'compra de voluntades' mediante unas inversiones que ya deberían haber sido ejecutadas tiempo atrás y sin trasvase de por medio.