La oposición reclama que el 50% de las casas de la 'nueva Castellana' sean viviendas sociales

IU y PSOE criticaron ayer el acuerdo firmado por el Ministerio de Fomento con la Comunidad y el Ayuntamiento para ayudar a la empresa Duch, encargada de prolongar el paseo de la Castellana 3,5 kilómetros. Habrá 50.000 millones de fondos públicos para infraestructuras viarias y se subirá casi el doble la edificabilidad. IU cifra en un billón de pesetas los beneficios que reportará a Duch ese acuerdo y pide que el 50% de los pisos que se construyan sean de precio oficial. El PSOE cree que el PP quiere 'camuflar' las inversiones necesarias para las torres del Real Madrid.

El acuerdo presentado conjuntamente por las tres administracciones -regidas todas por el PP- para desbloquear el desarrollo de la Operación Chamartín no ha gustado nada a los grupos de la oposición. La Operación Chamartín prevé la construcción de una nueva estación de Renfe y la remodelación de los accesos ferroviarios. Sobre las vías, que quedarán cubiertas, se construirá el arranque de la prolongación del paseo de la Castellana con 12 nuevos rascacielos.

Esta operación urbanística, diseñada en 1993, cuando el PSOE estaba al frente de los gobiernos central y regional, afectaba en un principio a sólo 680.000 metros cuadrados y se adjudicó, mediante concurso, a Argentaria. En ese momento, Argentaria era de titularidad pública. Pero las condiciones en que finalmente se va a desarrollar la nueva Castellana han cambiado sustancialmente: el ámbito de actuación se ha ampliado a 325 hectáreas y la empresa Duch, creada por Argentaria para realizar el proyecto financiándolo sólo con las plusvalías que generara la operación, está integrada ahora en el grupo BBVA, privado.

Pero, además, tras el nuevo acuerdo de las administracciones, habrá 49.600 millones de pesetas más de fondos públicos para financiar la construcción de los enlaces viarios y la prolongación de una línea de metro. Para que Duch se haga cargo del resto de las infraestructuras (cifradas globalmente en 250.000 millones), el Ayuntamiento ha aceptado que casi se doble la edificabilidad inicial, lo que permitirá construir 20.000 viviendas (2.000 de protección oficial). Unos 900.000 metros cuadrados serán para oficinas.

Modesto Nolla, portavoz socialista de Urbanismo en la Asamblea, calificó ayer esas medidas como 'una tomadura de pelo'. 'Hasta ahora, el PP nos había planteado como una disyuntiva que para hacer realidad la Operación Chamartín hacía falta más edificabilidad o poner dinero público . Y ahora acuerdan las dos cosas: duplican la edificabilidad y financian las infraestructuras. Unas infraestructuras que camuflan las necesidades viarias de otra operación: la construcción de cuatro torres en la Ciudad Deportiva del Real Madrid', afirma.

Justo Calcerrada, portavoz de Urbanismo de IU, califica de 'escandalosos' los beneficios que obtendrá Duch, que gestiona el 62% de los terrenos. 'La trilateral del PP [Ayuntamiento, Gobierno regional y central] ha regalado a esa empresa un billón de pesetas si tomamos en consideración el valor de los terrenos en la zona [400.00 pesetas el metro cuadrado]. En sus actuales términos, con sólo un 10% de viviendas sociales, la operación es inadmisible. La prolongación de la Castellana debe servir para mejorar las condiciones de acceso a la vivienda, con un 50% de casas sociales'. Inés Sabanés, portavoz municipal de IU, criticó que el acuerdo se haya hecho público 'en plenas vacaciones'. 'Me parece indignante. Estamos hablando de un proyecto que superará esta legislatura y que refuerza el norte de la ciudad con nuevos equipamientos. Pero tiene que haber una corresponsabilidad de la oposición en el desarrollo y equilibrio de la ciudad', dijo.

La edil socialista Matilde Fernández se manifestó en términos similares: 'Se quiere hacer una operación cómoda para unos pocos, ayudando a los dueños del suelo a vender más caro, porque llegará el metro antes de que se construyan las casas'.

A las críticas de la oposición hay que añadir que se halla abierto un proceso judicial por los reversionistas. Han anunciado una próxima manifestación Reivindican el pago de 60.000 millones por sus derechos.