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Subirà culpa ante el Parlament a Fecsa de los apagones y elude toda responsabilidad

El consejero de Industria, Antoni Subirà, compareció ayer en el Parlament tirando pelotas fuera. Culpó directamente a la compañía Fecsa-Endesa del apagón que dejó a media Cataluña a oscuras durante el temporal de nieve. El consejero de Interior, Xavier Pomés, adoptó en cambio otra actitud y asumió personalmente todos los errores de planificación y coordinación de su departamento, y anunció un plan de emergencias específico para casos de nevadas.

Antoni Subirà se sumergió ayer en un baile de cifras y datos sobre los múltiples fallos en el suministro eléctrico durante el temporal, pero eludió toda responsabilidad del Gobierno catalán, cuya política eléctrica defendió a ultranza pese a las acusaciones de pasividad y connivencia con la compañía Fecsa que le lanzó la oposición. Los grupos de la izquierda acabaron por pedir su cese. Ante la lluvia de críticas, Subirà informó de que su departamento ha abierto, hasta finales de agosto, 142 expedientes sancionadores a Fecsa que suman 120 millones de pesetas, pero reconoció que la mayoría han sido recurridos ante los tribunales, por lo que no pudo concretar cuántas multas ha cobrado Industria.

La oposición y el Partido Popular esperaban algo más de la primera comparecencia parlamentaria de Subirà para explicar el gran apagón que sufrió Cataluña durante el fin de semana del 14 al 16 de diciembre. Al menos, que el consejero asumiera una mínima responsabilidad. Subirà se detuvo en un análisis pormenorizado de las causas y consecuencias de este apagón, que llegó a afectar a más de 124.000 clientes; recordó la apertura de tres expedientes sancionadores contra Fecsa y uno a Red Eléctrica Española, y cantó las bondades de los dos decretos aprobados por su departamento que obligarán, a su juicio, a las compañías eléctricas a realizar millonarias inversiones para mejorar la calidad del servicio. Pero admitió que uno de ellos, el que faculta al Gobierno a inspeccionar las instalaciones de la compañía, no entrará en vigor hasta junio del próximo año.

Para Subirà, estos decretos, que permiten sanciones de hasta 500 millones de pesetas, han sido redactados tan pulcramente que impiden que Fecsa-Endesa pueda recurrir contra ellos por su presunta 'inconstitucionalidad'. E incluso pareció felicitarse por los incidentes eléctricos porque de no haberse producido, dijo, 'la compañía hubiera impugnado los decretos y hubiera puesto más resistencia a aplicarlos'. 'Ahora', manifestó, 'nadie tiene autoridad moral para impugnarlos'.

Según los informes que presentó ayer Subirà, el pasado 14 de diciembre se produjo una cadena de incidentes cuyo origen estuvo en la ruptura del cable de tierra de la línea de 220.000 vatios de Rubí a Terrassa. A partir de ahí se cayeron otras líneas secundarias y subestaciones que afectaron a más de 220.000 usuarios en la ciudad de Barcelona y su área metropolitana, y hasta 37.500 en el resto de Cataluña.

El temporal también afectó al centro de control de Fecsa- Endesa que se quedó sin suministro eléctrico durante 10 minutos. Estos hechos han motivado la apertura del primer expediente. El segundo expediente se basa en las múltiples averías detectadas en las líneas de alta y baja tensión, y el tercero por la 'deficiente y dramática' información ofrecida por la compañía tanto a las instituciones como a los usuarios.

Subirà no ahorró críticas a Fecsa. Tan sólo defendió las inversiones realizadas en los últimos años (de hasta 110.000 millones de pesetas), pero las atribuyó a la presión ejercida desde el Gobierno catalán, y la política de subcontratación de los servicios de mantenimiento de la línea.

La oposición en pleno y el PP se explayaron en sus críticas a Subirà a quien acusaron del deficiente servicio que presta Fecsa y de haber 'antepuesto los intereses de la compañía a los de Cataluña' y reclamaron su cese por 'profilaxis democrática'. Miquel Barceló, del Partit dels Socialistes, extendió las culpas al conseller en cap, Artur Mas, por su 'frivolidad' en la noche del temporal, al irse de fiesta a una discoteca y olvidar su responsabilidad de 'coordinar la acción del Gobierno'.

Barceló y Subirà se enfrascaron en una agria polémica al final de la sesión cuando el parlamentario socialista le espetó que hubiera impuesto la línea de Les Gavarres con 'mano militar'. El consejero acusó a los socialistas de presionar al alcalde de Llagostera para que no aceptara el trazado de la línea, afirmación que Barceló calificó de puñalada trapera.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 28 de diciembre de 2001