El interventor municipal de Huelva alerta de las dificultades financieras
El PP denuncia que la Junta no paga el IBI desde 1993
Los grupos del PSOE e IU en el Ayuntamiento de Huelva cargaron ayer contra el proyecto de presupuestos para el año 2002, elaborado por el equipo de gobierno, del PP. El portavoz municipal socialista, José Juan Díaz Trillo, esgrimió un demoledor informe del interventor municipal, de siete folios, en el que entre otras cosas se critica 'el estrangulamiento económico' que padecen las arcas del Ayuntamiento onubense. La deuda alcanza ya los 35.000 millones de pesetas, según Díaz Trillo.
El proyecto de presupuestos, que asciende a 27.300 millones de pesetas, un 2% más que en el ejercicio anterior, será debatido en un pleno extraordinario que se celebrará el 4 de enero.
Díaz Trillo enfatizó que el Ayuntamiento onubense adeuda actualmente 10.800 millones de pesetas a sus proveedores, lo que está creando un grave problema de supervivencia económica para muchas pequeñas empresas. 'Alguna de esas empresas se halla en una situación dificilísima, porque el dinero municipal no se está empleando en pagarles, como debería ser, sino en sufragar el populismo del PP de Huelva', indicó el portavoz socialista.
El interventor también advierte en su informe sobre la extendida venta de suelo público que está realizando el Ayuntamiento en los últimos meses con el fin de obtener liquidez para otras inversiones. 'Se está dilapidando el suelo de esta capital, el patrimonio de todos los onuenses', dijo Díaz Trillo.
El portavoz de IU, Manuel Rodríguez, anunció que interpondrá una enmienda a la totalidad a los presupuestos. Además, IU pedirá la creación de un plan de saneamiento municipal 'a fin de sacar económicamente a flote este Ayuntamiento'. 'Estamos ante unos presupuestos hechos a la espalda de los grupos políticos y de la sociedad. No valen', afirmó.
Mientras, el equipo de gobierno municipal dijo ayer que la Junta no paga desde 1993 el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente a los edificios que son propiedad de la Administración autonómica en la capital onubense.
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