Aparcado el proyecto de 'autopista eléctrica'

Convergència i Unió (CiU) quiere evitar a toda costa que se abra en el Pirineo un frente político como el que sufre desde hace meses en las comarcas del sur de Tarragona por su voto en favor del trasvase del Ebro. La Generalitat ha ordenado paralizar provisionalmente la construcción de una línea eléctrica de alta tensión entre Graus, en la provincia de Huesca, e Isona (Pallars Jussà), bautizada popularmente como la autopista eléctrica. A pesar de ello, los ayuntamientos y vecinos de las poblaciones afectadas por el trazado han anunciado que no se cruzarán de brazos y que mantendrán las movilizaciones y acciones jurídicas previstas para impedir que se ejecute un proyecto cuya utilidad dicen desconocer.

Los ayuntamientos afectados temen que sea parte de la conexión entre España y Francia

La Generalitat aseguró que era necesaria para garantizar el suministro eléctrico al AVE

La decisión del Gobierno catalán, anunciada por su delegado en Lleida, Estanis Felip, ha sido acogida con sorpresa por los alcaldes aragoneses y catalanes que se oponen a esta línea de 400.000 voltios. El estupor es mayor si cabe porque no se trata de una infraestructura de competencia autonómica y porque la empresa promotora, Red Eléctrica de España (REE), había anunciado el inicio inminente de las obras. Tal como se han desarrollado los acontecimientos, al margen del evidente rechazo social suscitado, todo parece indicar que la decisión de aparcar el proyecto durante un tiempo, después de haberlo defendido en todos los frentes, incluido el Parlament, obedece más a razones políticas que técnicas. En cualquier caso, son razones que no convencen a sus detractores.

El alcalde de Tremp, el socialista Víctor Orrit, asegura que nadie le ha comunicado de forma oficial la paralización del proyecto y desconfía de la Generalitat porque hace poco más de un mes el Departamento de Industria anunció a los alcaldes de las poblaciones afectadas la inminente declaración de interés general del proyecto y el inicio de las obras. 'La postura de la Generalitat es sorprendente porque paraliza el proyecto pero no dice que está en contra. Es evidente que se trata de una maniobra política', piensa Orrit.

Según el proyecto, la polémica línea tendrá 56 kilómetros, la mitad de los cuales discurren por los municipios leridanos de Tremp, Castell de Mur, Gavet de la Conca e Isona, y el tramo aragonés afecta a las poblaciones de Graus, Torres del Obispo, Lascuarre, Benabarre, Tolva y Puente de Montañana. Estos ayuntamientos llevan cuatro años luchando contra el ramal Graus-Isona porque temen que pueda ser utilizado en el futuro para conectar las redes eléctricas española y francesa, entre las estaciones de Teruel y Cazaril, a través del Pirineo de Lleida. De acuerdo con ese plan, la línea entraría en Francia por el puerto de Salau y, a juicio de los ecologistas, ocasionaría un impacto ambiental irreparable al atravesar valles de gran valor natural.

La interconexión eléctrica entre España y Francia es un proyecto que está pendiente desde 1996. Inicialmente estaba previsto que la línea atravesara los Pirineos por el valle oscense de Gistaín, pero la fuerte oposición de los vecinos y ayuntamientos de la zona obligó a la empresa estatal REE a buscar otras alternativas cuando ya había instalado decenas de torres metálicas de más de 70 metros de altura. Posteriormente, en 1999, el Gobierno del PP escogió el corredor leridano con la complicidad de la Generalitat, que de plantear la línea como algo absolutamente necesario para garantizar el suministro de energía eléctrica para el AVE ha pasado de la noche a la mañana a no considerarla imprescindible. Este cambio de postura es más sorprendente aún porque hace un mes el director general de Industria, Albert Mitjà, aseguró que la línea tenía que estar acabada en octubre de 2002, unos meses antes de la llegada del AVE a Lleida.

Los alcaldes y los vecinos de la parte catalana afectada por el tendido no quieren ni oír hablar de solidaridad ni de interés público cuando la comarca ya soporta una elevada cuota de producción eléctrica. No olvidan que una gran parte de los 4.700 kilómetros de líneas de alta tensión que hay en Lleida están en el Pallars Jussà. No sólo encuentran 'irrisorias' las compensaciones económicas que se les ofrecen por dejar pasar la línea, sino que consideran indignante y a la vez contradictorio que el tren de La Pobla todavía funcione con diésel y que muchos núcleos habitados de la zona todavía no tengan luz en las viviendas. 'Prefiero seguir sin luz a que la línea pase por delante de mi casa', señala Agustina, una vecina de El Meüll que todavía se alumbra con velas y lámparas de gas.

La Diputación General de Aragón y la Diputación de Lleida -gobernada por CiU- también se han mostrado contrarias a la línea. Los ayuntamientos afectados esperan una pronta resolución de los tres recursos contenciosos administrativos presentados hace dos años contra su autorización. La plataforma ciudadana creada para oponerse a la autopista eléctrica ha aplazado la consulta que pensaba realizar para conocer la postura de los vecinos.