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COLUMNA

Amnesia inversora

Sostenía Keynes que 'el hombre de negocios sólo es tolerable en la medida en que puede sostenerse que sus ganancias están en alguna relación con lo que, aproximadamente y en algún sentido, sus actividades han aportado a la sociedad' (A Tract on Monetary Reform). Si éste es el criterio con el que hay que juzgar a las compañías eléctricas españolas, caben serias dudas sobre sus aportaciones a la sociedad de la que extraen tan cuantiosos beneficios. Los apagones en Cataluña durante la ola de frío siberiano y la cadena de apagones en Madrid y Valencia el lunes pasado han sembrado muchas dudas entre los usuarios de la electricidad, que son casi tantos como los ciudadanos y suscitan varias preguntas incómodas.

El sistema eléctrico español no tiene un problema de producción de electricidad, sino de redes de distribución y voltaje

Las empresas eléctricas, con Endesa e Iberdrola a la cabeza, cobran la electricidad que venden, como es natural. Pero, además, y como consecuencia de su larga connivencia con casi todos los Gobiernos y en especial con el del Partido Popular, cobran a los usuarios diversos extras y recargos cuya finalidad está poco clara, pero que en todo caso engorda sus cuentas de resultados y remunera generosamente a sus directivos. Por ejemplo, las eléctricas perciben los llamados costes de transición a la competencia, una compensación teórica por el tránsito del régimen regulado a uno de libre competencia. Del más de billón de pesetas que el Gobierno les concedió graciosamente -a percibir en 10 años- ya han cobrado un tercio aproximadamente, a pesar de que el mercado eléctrico no está hoy más liberalizado que en 1996 -por lo menos en la medida que lo puedan apreciar los consumidores-. Puede entenderse que parte de esta cifra debía aplicarse a la modernización de los equipos de producción y distribución de electricidad, para hacer frente a lo que se suponía mayor competencia. Está claro que esas inversiones no se han realizado.

Las empresas eléctricas tienen una habilidad especial para extraer dinero a cambio de nada y con las etiquetas más estrambóticas. Además de los CTC, consiguieron imponer a todos los usuarios un recargo (que llegó a superar 1,15 pesetas por kilovatio) en concepto de garantía de potencia. Los curiosos poco avisados entenderán que si alguien paga por algo que se llama garantía de potencia, tendrá asegurado el consumo de la electricidad que desee. No hay tal. A cambio de ese recargo, por el que han recibido de los usuarios más de medio billón de pesetas en tres años, las empresas no estaban obligadas a nada. Recibieron el dinero -y aún lo reciben, a razón de algo menos de una peseta por kilovatio- sin sentirse obligadas a mejorar las redes de distribución; y lo que es peor, con la complicidad de un Gobierno que no se ha molestado en exigir el cumplimiento de unos mínimos de calidad en el servicio -está facultado por ley para imponer ese reque-rimiento- ni, comprobada la evidente deficiencia del servicio que implican los apagones de más de una hora en ciudades, se le ha ocurrido pedir explicaciones a las compañías de dónde está el dinero y por qué, en lugar de inversiones ruinosas o conflictivas en América Latina o Internet, no han prestado la mínima atención al servicio por el que obtienen cuantiosos ingresos a través de tarifas reguladas. Las empresas eléctricas se han olvidado de devolver a la sociedad una parte de los cuantiosos ingresos que obtienen de ella.

Contra lo que suele decirse en tiempos de apagones, el sistema eléctrico español no tiene problemas de producción. Las plantas en funcionamiento tienen capacidad sobrada para satisfacer cualquier demanda de consumo, con frío siberiano o calor tropical. El estrangulamiento principal del sistema eléctrico radica en que en épocas de temperaturas extremas la población pone en marcha aparatos eléctricos cuyo funcionamiento puede producir un colapso en el voltaje (que no en la producción). Para evitar la caída de la tensión, las eléctricas tienen que aplicar inversiones en modernización de redes de distribución que no han realizado. No faltan plantas de producción, sino mallas de transporte de electricidad.

El Gobierno es corresponsable de este desaguisado. Se apresuró a vender la buena nueva de la reducción de las tarifas eléctricas -atribuyéndo-se, como es su costumbre, la medalla, a pesar de que las tarifas bajaron simplemente porque descendió el precio del dinero- y se olvidó de imponer normas estrictas de calidad en el servicio. Un olvido que dice mucho sobre su incompetencia para gestionar los servicios públicos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 23 de diciembre de 2001