Zapatero busca interlocutor

El viaje de José Luis Rodríguez Zapatero a Marruecos y las duras críticas que ha provocado en el Partido Popular han tenido dos efectos políticos colaterales: traer a primer plano la política exterior y congelar las relaciones entre el dirigente socialista y el secretario general del PP, Javier Arenas, que ha diseñado y protagonizado buena parte de las andanadas.

La nueva frialdad de Zapatero con Arenas ha sido acogida con satisfacción tanto en algunos sectores del PSOE como del propio Gobierno, algunos de cuyos miembros nunca compartieron la decisión de Arenas de adjudicarse unilateralmente la función de interlocutor formal con el líder del Partido Socialista.

Las relaciones entre Arenas y Rodríguez Zapatero eran uno de los grandes 'misterios' para una parte de los directivos socialistas. El secretario general del PSOE, por ejemplo, insistió, en contra de la opinión de algunos de sus asesores, en negociar directamente con su oponente popular temas que parecían empantanarse en otras áreas de sus respectivos partidos. Los resultados fueron, en general, bastante mediocres.

Un miembro del Gobierno reprochó a la Ejecutiva del PSOE que Zapatero no tuviera una interlocución directa con el Gabinete sin pasar por Javier Arenas

Rota la confianza

En esta ocasión, las repetidas críticas -'ataques', según personas próximas al secretario general socialista- sobre la lealtad de Rodríguez Zapatero han terminado por destruir cualquier posible relación de confianza personal. A partir de ahora, lo razonable, afirman, es que se diversifiquen más las líneas de comunicación y sobre todo se diferencie entre Partido Popular y Gobierno.

Según ha dicho públicamente en más de una ocasión, Rodríguez Zapatero mantiene lazos de amistad con Mariano Rajoy, a quien conoció en su época de portavoz en una comisión parlamentaria. Pero no tiene un interlocutor formal en el Gabinete de La Moncloa, y hasta ahora casi siempre pasaba a través de Javier Arenas.

La falta de interlocución directa de Rodríguez Zapatero con el Gobierno fue curiosamente reprochada a la Ejecutiva socialista por un miembro del Gabinete, que no comprendía por qué Javier Arenas se había atribuido también esa función, con la sobreprima política que ello implicaba.

Extradiciones a EE UU

El tipo de críticas que ha provocado el viaje a Rabat ha encendido las alarmas en el PSOE, donde temen que siente precedente para cualquier otra discrepancia de los socialistas con el Gobierno. Algunos miembros de la Ejecutiva creen que el PP ha puesto en marcha una estrategia para intentar descalificar por 'desleal' cualquier crítica del PSOE a futuras iniciativas del presidente del Gobierno, José María Aznar, en política exterior.

La decisión de enviar 700 soldados españoles a Afganistán puede ser, por ejemplo, objeto de discrepancias si el Ministerio de Defensa no deja claro cuáles serán sus órdenes, dentro de la función genérica que ha aprobado la ONU. La situación en aquel país es tan volátil que nadie puede estar seguro de que las tropas no se verán envueltas, con grave riesgo para sus vidas, en enfrentamientos armados entre distintas facciones afganas o protegiendo un estadio en el que se lapida a una mujer o se corta la mano a un ladrón.

Otras iniciativas de Madrid pueden ser todavía más polémicas. Algunos expertos europeos en defensa de los derechos humanos han llamado la atención, por ejemplo, sobre una propuesta del Gobierno español para cambiar el sistema de extradiciones a Estados Unidos. Según estas fuentes, el presidente Aznar quiere que los Quince suscriban un acuerdo global con Washington sobre extradiciones que sustituya a los acuerdos bilaterales que existen en la actualidad.

Es cierto, explican, que el PP votó junto a los otros partidos del Parlamento Europeo una resolución que criticaba las medidas introducidas por Estados Unidos en su ordenamiento legal y las consideraba incompatibles con los principios jurídicos que rigen la UE. Sin embargo, los portavoces populares insistieron mucho en dejar abierta la posibilidad de negociar un 'pacto global', término ambiguo que sigue inquietando en medios jurídicos europeos.

Las limitaciones aprobadas en Estados Unidos y en otros países europeos, sobre todo en el Reino Unido, para el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas han sido también criticadas en medios jurídicos españoles. Un grupo de cien catedráticos y profesores de derecho penal, jueces y fiscales aprobó este mismo mes un llamamiento para que los Gobiernos europeos eviten el seguidismo de estas políticas restrictivas y promuevan, por el contrario, la creación del Tribunal Penal Internacional.