La investigación del robo de sumarios en Marbella se estanca tras no quedar ya ningún imputado

Cinco meses después de producirse el robo de sumarios en los juzgados de Marbella, el caso parece estar a punto de archivarse sin que se haya esclarecido la identidad de los culpables de la desaparición de los expedientes ni la de sus inductores. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella, María José Rivas, que instruye la causa penal, ha levantado la imputación a los dos únicos sospechosos que había hasta ahora, el policía local Juan Saborido, y el agente judicial, Angel Vázquez. Un tercer imputado se suicidó mientras la policía practicaba un registro en su domicilio.

De momento, el caso no se ha archivado, aunque la portavoz municipal socialista, Isabel García Marcos, lamentó ayer que 'la instrucción está en un punto lamentable' y se quejó de que 'no se ha realizado una investigación con la profundidad y extensión que requiere la gravedad del caso'. La edil del PSOE, partido que personado en la causa como acusación particular, sostiene que de haber intervenido la Fiscalía Anticorrupción 'no se habría llegado a este extremo'.

La juez María José Rivas decretó hace dos semanas el sobreseimiento de la causa contra el agente judicial Ángel Vázquez y el pasado viernes día 21 notificó también a la letrada del policía local Juan Saborido, Regina Román, el sobreseimiento libre de su cliente. El caso se ha quedado sin imputados y parece entrar en vía muerta.

'La magistrada ha determinado que no existen indicios razonables para mantener la imputación de mi cliente', explicó la abogada. La decisión de la juez ha caído como un jarro de agua fría entre quienes pedían el esclarecimiento total de los hechos y la depuración de responsabilidades, máxime teniendo en cuenta la grave alarma social creada, a la que hay que sumar el trágico desenlace de uno de los imputados, el agente judicial Francisco Calero.

El funcionario murió horas después de ser detenido como sospechoso del robo de los sumarios, el pasado 3 de octubre, tras arrojarse desde la azotea de su casa, mientras agentes de la policía practicaban un registro domiciliario. después de ser detenido como sospechoso del robo.

Dos semanas después del suceso, la juez citó como imputados al agente judicial Ángel Vázquez y a Saborido. El policía municipal, que admitió su amistad con el funcionario fallecido, reivindicó su inocencia y negó cualquier relación con el robo de los sumarios, la mayoría de ellos de causas relacionadas con el alcalde de Marbella, Jesús Gil y Gil.

El abogado del PSOE, José Carlos Aguilera, consideró ayer 'prematuro y precipitado' el sobreseimiento respecto al policía. 'La investigación hubiera dado mucho más de si de prestar declaración personas que pudieran tener relación con los hechos y cuyo testimonio hubiese sido relevante, como Jesús Gil, o aquellas que aparecen en conversaciones telefónicas, que es el caso del jefe de la Policía Local, Rafael del Pozo', señaló Aguilera.

Según el letrado, hay además una serie de pruebas 'esenciales' para la actuación que todavía no se han adoptado. 'Ni la juez, ni el fiscal han entendido, pese a ponerlo de manifiesto la UDYCO, que detrás de los autores hay unos inductores', se lamentó. Aguilera aseguró además que 'no se ha practicado ni una sola diligencia para averiguar la trama del robo y la identidad de quienes pagaron a los que lo llevaron a efecto'.

Tampoco las medidas disciplinarias de los distintos órganos administrativos han servido para esclarecer el asunto, pese a los numerosos expedientes abiertos y a que desde el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se achaca lo ocurrido en los Juzgados de Marbella a un 'entramado criminal organizado especialmente para apoderarse de los documentos'.

Expedientes archivados

La investigación del CGPJ no encontró responsabilidad entre ninguno de los los titulares de los juzgados afectados. El fiscal jefe de Málaga, Manuel Villén, acordó en noviembre el sobreseimiento y archivo del expediente abierto al fiscal sustituto del Juzgado número 7, José Ramón de Luna, por no comunicar de inmediato el robo a sus superiores.

También el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) abrió expedientes disciplinarios contra los secretarios de los Juzgados 1, 6 y 7, funcionarios que tienen la responsabilidad de la custodia de los documentos. Esta medida además ha sido muy criticada por el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales.

La mayor parte de los sumarios robados en los meses de julio y agosto de la sede judicial de Marbella ya han sido reconstruidos. Cuatro jueces en comisión de servicios se han incorporado a los juzgados afectados, y han agilizado durante estos meses la tramitación de expedientes, para evitar retrasos en las actuaciones.

El PSOE está convencido de que para el esclarecimiento del caso se tenía que haber permitido la intervención de la Fiscalía Anticorrupción.