El juez avala la pérdida de empleo de la profesora de religión de Almería

El titular del Juzgado de lo Social número 3 de Almería, Juan Carlos Aparicio, ha desestimado la demanda contra el obispado de Almería presentada por Resurrección Galera, la profesora de religión a la que no se le renovó el contrato tras casarse por lo civil con un divorciado. El magistrado declara 'cierto y probado' que 'la razón fundamental' de que el obispado prescindiera de los servicios de Galera fue ese matrimonio.

El marido de la profesora Resurrección Galera, Johannes Romes, anunció anoche que hoy mismo se presentará un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra la sentencia. Galera llevaba siete años trabajando como profesora de religión en Almería y no fue propuesta para este curso por el obispado por haberse casado por lo civil, según afirma el fallo judicial tomando como base la propia declaración 'del testigo don Antonio Rueda Moreno, delegado diocesano de Enseñanza en Almería'. 'La razón fundamental para no proponer a la demandante para dar clases de religión católica es que había perdido la confianza en ella porque se había apartado de la doctrina de la Iglesia católica por haber contraído matrimonio civil', escribe el magistrado.

El matrimonio Romes-Galera cree que esa afirmación del juez deja claro que la profesora fue apartada de su puesto de trabajo por su situación personal, algo que tiene que ver con la intimidad y que le permitirá pedir el amparo del Tribunal Constitucional e, incluso, acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si otras instacias judiciales inferiores no les dieran antes la razón. El abogado de la profesora Galera, Francisco Escobar, mantuvo durante el juicio que su cliente había sido víctima de una violación de derechos fundamentales, como es el derecho a la intimidad.

Sobre si existió o no despido, la sentencia precisa que respecto a la relación que vincula a los profesores de religión y moral católica con las administraciones educativas 'existe una reiterada jurisprudencia'. En esta línea, hace referencia a fallos anteriores en los que se establece que los obispados de cada provincia son los encargados de proponer, o no, cada año a los profesores que pueden impartir las clases de religión. Esto se basa, según el juez, en el Acuerdo del Estado español con la Santa Sede, por el cual son los obispados los que pueden proponer a los profesores de religión que después contratará y pagará el Ministerio de Educación. Este acuerdo, en opinión del juez, prevalece sobre los argumentos esgrimidos por la defensa de Galera, que se centraba, sobre todo, en la violación de sus derechos fundamentales, al cuestionar el modo en que contrajo matrimonio.

'Aberrante situación'

Johannes Romes, marido de Resurreción Galera, no se mostró sorprendido por la sentencia. 'Desde el principio hemos mantenido que este vergonzoso asunto se resolvería definitivamente en el Tribunal Constitucional', dijo. Más tarde, tras analizar los argumentos del juez, declaró no entender que prevalezca un acuerdo eclesiástico frente a derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. 'La sentencia es incongruente y vamos a seguir luchando por lo que consideramos que es justo', añadió. La ya ex profesora de religión católica, Resurrección Galera, no quiso hacer declaración alguna. 'Se encuentra bastante mal después de conocer esos argumentos del juez', afirmó su esposo.

'Aberrante' y 'lamentable'. La reacción, anoche, del PSOE fue muy dura, pero no contra el juez autor de la sentencia, sino contra los obispos y el Gobierno por haber firmado en 1999 un convenio bilateral que, a juicio de los prelados, permite despidos laborales contrarios a lo legislado por el Estatuto de los Trabajadores para el resto de los españoles.

Pero la portavoz socialista en la Comisión de Educación del Congreso, Amparo Valcarce, hizo una lectura en positivo del fallo por asumir que el despido de la profesora Galera se produjo por haberse casado por lo civil. Valcarce hizo un llamamiento 'muy serio' al Gobierno y al PP para que se modifique el convenio de 1999, establecido entre el ex ministro de Educación y actual vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, y la Iglesia católica, que da pie a 'estas aberrantes situaciones'. 'La jerarquía católica tiene que cumplir la Constitución y es inaudito pensar que la vida personal influye a la hora de enseñar', declaró la portavoz socialista.