La Comisión de la Energía pide establecer una fianza por cada nueva central eléctrica

Las eléctricas no están de enhorabuena. Al temor de que el Gobierno decida en los próximos días una nueva bajada de tarifas para cumplir con lo decretado en 2000 de reducir los precios 'hasta' un 9% en tres años, se une ahora otra mala noticia. La Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha propuesto al Gobierno que obligue a las empresas interesadas en construir nuevas centrales eléctricas a depositar un anticipo de la inversión a realizar. El fin es garantizar 'la realidad del proyecto', según se afirma en un informe aprobado por la CNE. Economía baraja, mientras tanto, la posibilidad de congelar las tarifas en 2002.

El documento elaborado por la CNE, a petición del vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, analiza la situación del sistema eléctrico y de gas natural y tiene como objetivo fundamental garantizar el suministro en los próximos años. El Informe marco sobre la demanda de energía eléctrica y gas natural y su cobertura se puede resumir en una idea: por el momento, el suministro está garantizado (existe una potencia instalada de 52.000 megavatios, mientras la demanda de potencia máxima se situó en 33.236 megavatios), pero el sistema pierde holgura y conviene acelerar las inversiones. La CNE estima que en el periodo 2001-2005 habrá que invertir al menos 1.502 millonrd de euros (250.000 millones de pesetas) en el sistema de gas y otros 1.664 millones de euros (277.000 millones de pesetas) en la red de transporte eléctrico.

Y es aquí donde surge el problema. Las compañías del sector tienen numerosos proyectos de inversión. Pero la mayor parte, sobre el papel. Ello supone, por un lado, que no hay plena seguridad de que todos los proyectos se hagan realidad y que el Estado se arriesga a poner tubos allí donde finalmente quizá haya sólo un descampado en lugar de una central eléctrica de las modernas (de ciclo combinado, que funcionan con gas).

Propuesta

Por ello, la CNE ha hecho una propuesta al Gobierno que va a levantar ampollas entre las empresas. Así, la página 54 del informe aprobado afirma: 'Como ya ha sido tratado en el informe, la incorporación de una nueva central de generación eléctrica puede obligar a acometer elevadas inversiones en los refuerzos de las infraestructuras. Por ello, es preciso un compromiso jurídico y económico [de las empresas], si fuera preciso con anticipación financiera, que garantice la realidad del proyecto o, al menos, la recuperación de costes en caso de retirada del proyecto'.

Con el anticipo, según fuentes de la CNE, se lograría además evitar un truco que algunas compañías ya han utilizado: aprovechar el lento proceso de tramitación de las autorizaciones para construir centrales para presentar múltiples proyectos, atascar los mecanismos de la Administración y evitar la entrada de nuevos competidores.

En la actualidad existen 52 grupos de 400 megavatios (21.600 megavatios) con el proyecto iniciado y fecha de incorporación estimada antes del 31 de diciembre de 2005. En total, cuentan con autorización administrativa 22 grupos de 400 megavatios y han firmado ya contrato de acceso a la red de gas 26 grupos de 400 megavatios. Los grupos que tienen contrato de acceso o autorización administrativa, o ambas cosas, es de 32 (12.800 megavatios).

Tarifas

La propuesta de la Comisión Nacional de la Energía se produce justo cuando las negociaciones para fijar las tarifas de cara al año próximo están en su punto álgido. Las compañías eléctricas presionan para evitar que el Gobierno cumpla el compromiso que adquirió en 2000 (bajar las tarifas 'hasta' un 9% en tres años) con un argumento de peso: si van a invertir en los próximos años, no pueden adelgazar el capítulo de ingresos. Ante ese argumento, en el Ministerio de Economía, según las fuentes consultadas, se inclina por dejar las cosas como están y no subir ni bajar el precio de la luz.

Pero la última palabra la tiene el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, atrapado entre las demandas del sector, que comprende, y el compromiso que adquirió el pasado año de reducir progresivamente las tarifas 'hasta' un 9%. Para cumplir totalmente con el decreto aprobado, el Gobierno debería reducir las tarifas un 5% en los dos próximos ejercicios, pero las empresas han advertido que sus cuentas de resultados no pueden hacer frente a nuevos recortes.