No al divorcio directo

La ley del divorcio seguirá como hace veinte años en España. El Partido Popular supedita su actualización a una supuesta 'reforma global' que no explicita, al tiempo que rechaza de plano los cambios concretos que le reclama el resto de las fuerzas políticas para facilitar, sobre todo, el acceso directo al divorcio sin necesidad de la separación previa de los cónyuges durante al menos uno o dos años, según medie o no resolución judicial. Como en el tema del aborto, el PP parece apostar porque las cosas sigan como están. Quizás no haya que lamentarse por ello, vistos los antecedentes de la frontal oposición de la antigua Alianza Popular de Fraga, en la que militaba Aznar, a la ley impulsada en 1981 por el ministro socialdemócrata de la UCD Francisco Fernández Ordóñez. Pero el PP no debería impedir que se debata en el Parlamento la situación del divorcio en España rechazando de plano las proposiciones de ley presentadas en este sentido por CiU y el PSOE con el apoyo de las restantes fuerzas políticas. En ese debate, el PP tendría ocasión de exponer sus propuestas, si es que las tiene.

Todos los grupos políticos, excepto el partido del Gobierno, estiman que después de 20 años de vigencia ha llegado la hora de actualizar una ley que, aunque revolucionaria en su tiempo, tuvo que pagar algún tributo a los sectores conservadores que la combatieron con afán y que, además, ha quedado desfasada en algunos aspectos por la propia evolución social.

El divorcio constituye hoy en España una práctica propia de una sociedad moderna y democrática, alejada de las pautas sociales de la doble moral y del doble lenguaje, típicas de las estructuras y mentalidades autoritarias. Desde la entrada en vigor de la ley, el número de separaciones y divorcios ha ido creciendo hasta llegar a 102.403 en el año 2000 (63.430 separaciones y 38.973 divorcios).

Uno de los aspectos más chirriantes puestos de manifiesto a lo largo de estas dos décadas de vigencia de la ley es la incongruencia de una norma destinada a resolver pacíficamente los casos de ruptura matrimonial, pero que impide el acceso directo al divorcio de los cónyuges, obligándoles a un tiempo previo de separación que alarga y encarece el proceso con el efecto pernicioso que ello puede producir en las relaciones de los contendientes y en su entorno familiar. La desaparición de este trámite previo, como plantean todas las demás formaciones políticas, no sólo ahorraría a los cónyuges tiempo y dinero en procedimientos judiciales, sino que respetaría su voluntad concordada de divorciarse sin imponerles una espera concebida quizás para hacerles volver sobre su decisión y, en todo caso, para dificultarla.

La realidad social española ha evolucionado respecto de la de hace 20 años en la forma de afrontar la ruptura matrimonial. El pacto se ha ido imponiendo a la disputa -más de la mitad de los casos de separación y divorcio durante el año 2000 se resolvieron por mutuo acuerdo-, lo que permite acortar unos trámites legales y judiciales siempre demasiado largos. Es una razón más para reformar cuanto antes los artículos del Código Civil sobre el matrimonio y adaptarlos a la actual realidad social, como propone la mayoría de los grupos políticos.

No es cuestión insignificante que el Estado procure, al margen de los prejuicios o creencias de quienes lo gobiernan en un momento determinado, inmiscuirse lo menos posible en decisiones de sus ciudadanos que afectan a su convivencia personal, respetando su voluntad y no condicionándola al pago de desproporcionados peajes en tiempo y trámites judiciales. Salvo que el PP considere que en materia de divorcio, como también en relación al aborto, lo que hicieron en su día la UCD y el PSOE es lo máximo de lo tolerable, sin que los españoles puedan aspirar a más mientras ellos gobiernen.