El juez de Menores de Granada sólo encerró a 12 adolescentes en 2001

El juzgado de Menores de Granada, del millar de diligencias abiertas desde enero a finales de noviembre de 2001, sólo ordenó en 12 casos el ingreso en un centro cerrado de los jóvenes declarados culpables. En las otras 257 diligencias, por falta o por delito, el juez, de acuerdo con la Consejería de Asuntos Sociales y un equipo multidisciplinar, acordó un tratamiento en medio abierto. Estos datos contrastan con las cifras globales de Andalucía, donde 300 jóvenes fueron internados en centros cerrados.

Emilio Calatayud, juez de Menores de Granada, no tuvo reparos en proclamar que el suyo es el juzgado andaluz que más medidas reeducativas plantea y el que menos recurre a la privación de la libertad. 'Soy un privilegiado porque tengo un buen equipo y estamos muy bien coordinados, En otros sitios la coordinación funciona peor. Nosotros somos los mejores de Andalucía quizá a causa de esa buena sintonía', dijo.

De las 257 medidas ordenadas por su juzgado en régimen abierto, 108 fueron de libertad vigilada, 54 de trabajos en beneficio de la comunidad, siete en tareas socioeducativas y las 88 restantes fueron intervenciones con menores de 14 años. En estos últimos casos las intervenciones suelen ser similares pero la supervisión corresponde no al juzgado sino al Servicio de Atención al Niño de la Junta de Andalucía.

La delegada de Asuntos Sociales, María José Sánchez, y el juez Calatayud, recalcaron que las medidas en régimen abierto no sólo significan una apuesta por la reinserción sino que son más baratas que las de internamiento. 'La medida de encarcelamiento es excepcional. El medio abierto es más restaurador para la sociedad y más económico', precisó Calatayud. El mantenimiento del equipo de Granada tiene un presupuesto de 32 millones de pesetas para el año en curso.

El juez de Menores de Granada señaló, no obstante, que cualquier medida de régimen abierto pone en marcha una compleja maquinaria en la que intervienen numerosas instancias. Además del acuerdo previo con abogados, fiscal y equipo de apoyo, cualquier trabajo en beneficio de la comunidad (como condenar a un menor a leer y escribir o a visitar un centro de enfermos tetrapléjicos) requiere además la ayuda de ayuntamientos, centros de enseñanza y hospitales.

En el caso de Granada, el juzgado de Menores tiene, para los servicios en beneficio de la comunidad, convenios con la Sociedad Protectora de Animales, con los parques de bomberos de Granada, Almuñécar, Loja y Motril, con Protección Civil e incluso con servicios de jardinería y talleres de manualidades. Sólo de este modo, cuando el juez acuerda una medida de reeducación, ésta se puede llevar a efecto con garantía.

La delegada de Asuntos Sociales destacó, por su lado, la labor de los equipos especializados y recordó que la estrecha colaboracióncon el juzgado de Menores se remonta a hace cuatro años. 'Los equipos garantizan que los chicos no comenterán más delitos y además hacen un seguimiento sobre el cumplimiento de las medidas', dijo.