Andanada contra el molt honorable
El domingo pasado, los diarios Información y Levante, pertenecientes al mismo cuño editorial, se descolgaron al alimón con un extenso artículo -tres páginas ocupaba en el primero y dos en el segundo- titulado La misión de las cajas de ahorros... según Zaplana, firmado por Joaquín Soro Oliva, de quien no se daba ninguna referencia biográfica, a pesar del despliegue tipográfico que mereció el texto. Quienes tuviesen la paciencia de leerlo, y para cuantos lo soslayaron lo anotamos, comprobaron desde sus primeras líneas que en puridad se trataba de una catilinaria contra el presidente de la Generalitat y que, en este aspecto, trascendía con mucho el enunciado de su título.
No ha de sorprendernos que para buena parte del estamento político tanto como para las gentes más sensibilizadas con la actualidad pública fuese una cuestión preferente indagar la identidad del autor que se emboscaba tras lo que a todas luces era un seudónimo. El pliego de cargos que se exponía cobraba uno u otro interés según quien lo formulara y, además, en este país valenciano casi todo el mundo nos conocemos y casi todo se acaba sabiendo. A mayor abundamiento, las entretelas que el alegato revelaba, su misma manufactura y la acogida que le otorgaron dos rotativos sugerían que no estábamos ante un quisque de tres al cuarto. Y ello sin mentar el morbo que conllevaba resolver la conjetura.
Pues bien, todas las sendas y veredas ensayadas para dar con el personaje nos han conducido a Juan Antonio García Gisbert, quien fuera director general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) hasta ser desalojado por el PP mediante una indemnización nunca declarada, pero de varios cientos de millones. Claro está que su curriculum se nutre de otros cualificados títulos académicos y políticos, entre los que debe mencionarse la dirección general de Economía de la Consejería de Economía y Hacienda durante el mandato de los socialistas, en cuya militancia se inscribe. Ahora cabe que se nos desmienta, pero aun en ese supuesto, resulta obvio que seguiremos hablando asimismo de un tipo con sólidos conocimientos de la trama interna de las cajas valencianas así como de las bambalinas políticas de la autonomía.
Sin ánimo de polemizar con el presunto autor, sus tesis se resumen en unos pocos asertos. En primer lugar, viene a decir, no se ha argumentado la fusión de las dos grandes cajas valencianas; en segundo lugar, el presidente Zaplana, después de politizar el gobierno de dichas entidades, ampara este proyecto porque conviene a sus intereses y, de esta guisa, 'no (ha de) tomarse la molestia de tener que dar órdenes a dos (cajas)'. Nadie, por otra parte, se opone a ello debido al 'sentimiento de terror que producen las reacciones del poder que ejerce'. Estas y otras consideraciones ad hominem de igual calado dejan en situación poco airosa al titular del Ejecutivo, que es sin duda el objetivo de la andanada.
¿Se perseguía únicamente eso? Presentimos que no. Al fin y al cabo, pasado por el cedazo todo el discurso de Gisbert -o de quien fuere- el corolario es una sarta de hechos sabidos, otros discutibles e insinuaciones perversas. En suma, nada que desaconseje objetivamente la pretendida -pretendida también por el PSPV- fusión de las cajas, ni tampoco merme el capital político de Eduardo Zaplana. Hoy por hoy, ahí se las den todas. El artículo, en realidad, es vistoso, pero más epidérmico que contundente. Sus miras han de ser otras si no se reducen a un mero desahogo.
En este sentido a nosotros nos parece que el mentado Joaquin Soro Oliva pretende testar el mercado político y su propio carcaj dialéctico para abonar su reaparición en la escena pública. Igual se siente abrumado por el ocio del millonario y añora la brega partidaria y la clámide del poder, que bien pudiera ser el municipal de Alicante, donde -todo hay que decirlo- le daría sopas con onda al actual alcalde. ¿Hacía falta este aparente bombazo para anunciar el regreso?
LEY DEL EMBUDO
Algo así como el 70% de la obra nueva que contrata el Ayuntamiento de Valencia se adjudica sin concurso, que es tanto como decir sin publicidad y concurrencia, lo que propicia la ley del embudo y el agio de los amigos y conocidos. Pudo pensarse -¡seremos ingenuos!- que tan perversa práctica había tocado fondo y que la corporación rectificaría, acomodándose al dictamen del Tribunal de Cuentas. Ni hablar del peluquín, ha dicho la alcaldesa, con el contento de su concejal de Hacienda, Alfonso Grau. Las obras, hasta 50 millones, seguirán adjudicándose 'a dedo' y eso de la libre competencia se queda para otros.
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