Entre obras y proyectos, querellas

El 4 de febrero del 2002. Esa es la fecha que esperan muchos gaditanos y, en especial, el PP y la alcaldesa, Teófila Martínez. Para entonces, la dirigente popular ansía montarse en el primer tren que recorra bajo tierra la ciudad de Cádiz. Con la vista fijada en ese día, que colmará la principal apuesta de Martínez, la actualidad municipal está sembrada de episodios de crispación política y de anuncios de querellas que, en ocasiones, rozan el esperpento.

Son ejemplos de la doble realidad social y política que se respira en la vida municipal de Cádiz. De un lado, la inauguración de El Corte Inglés, los nuevos aparcamientos subterráneos, la urbanización de los terrenos ociosos de Astilleros con más de 1.500 viviendas, y la inminente inauguración del soterramiento de la vía ferroviaria, que permitirá que Cádiz 'deje de ser una ciudad dividida', como rezan algunos anuncios del Ayuntamiento.

Frente a estas actuaciones y otros proyectos u obras -segundo puente, remodelación de la plaza Sevilla o nueva estación de ferrocarril-, hay otro panorama más difícil de digerir. El paro no baja lo prometido; la vivienda escasea y es de las más caras de España; los colapsos circulatorios son una constante, y las arcas municipales arrastran un déficit de 10.000 millones de pesetas y unas deudas de 25.000 millones.

La Cámara de Cuentas ha detectado en una reciente auditoria anomalías en la gestión económica del PP. 'Pequeñas recomendaciones', según los populares. 'Supuestas irregularidades e ilegalidades', para la oposición, que avisa además que la ciudad está más sucia, carece de las zonas verdes contempladas en el PGOU y no cuenta con la 'necesaria' participación ciudadana y de colectivos vecinales.

El actual mandato es además, según la oposición, el de la sucesión de escándalos del PP. Primero fue el caso Afanas, que costó el puesto al concejal de Bienestar Social, Francisco Villarreal; más tarde fue la trama china, que falsificó documentos desde el consistorio para legalizar inmigrantes de esta nacionalidad, y el más reciente, el caso Zona Franca. El delegado especial del Estado, Manuel Rodríguez de Castro, se vio obligado a dimitir, después de que trascendiese que gastó 107 millones de pesetas más de lo presupuestado en protocolo, publicidad, viajes y hoteles; contrató a 22 personas afines al PP, y que pertenecía a la dirección de 9 empresas, cinco de ellas privadas.

Las críticas le han llovido también a Martínez por permitir que su hombre de confianza, el concejal de Coordinación de Acción Municipal, Jorge Moreno, pueda ingresar un máximo de 13.219.488 pesetas brutas anuales por sus múltiples cargos. El último episodio es el que ha llevado al PSOE a relacionar a Martínez y su marido Santiago Cobo con los negocios del vicepresidente económico del Gobierno, Rodrigo Rato.

El PP ha respondido, en la mayoría de estas ocasiones, con requerimientos notariales o el anuncio de querellas o demandas -un tercio de todas las registradas en Andalucía se localizan en el Ayuntamiento de Cádiz-, hasta el punto que la oposición ha bautizado a la alcaldesa como Querellator Martínez. Todos estos asuntos han llegado o llegarán a los tribunales. La oposición ha respondido con un encierro de 12 horas en protesta por la 'judicialización' de la vida política bajo el que subyace, según los portavoces municipales, 'el intento del PP de silenciar a la oposición'.

Martínez ofrece una lectura opuesta: 'En ninguno de los casos hay ni una sola sentencia judicial, ni una mínima prueba que pueda poner en tela de juicio la labor del equipo de gobierno'.

El ayuntamiento presenta un panorama sensiblemente distinto en nombres y funciones. En una remodelación sin precedentes en sus seis años como alcaldesa, Martínez movió a sus ediles de 11 de las 17 concejalías. Aquí aparece también la divergencia de opiniones. 'Una auténtica crisis de gobierno', según el PSOE; 'unos cambios obligados para mejorar la eficacia', para el PP. Los socialistas también han experimentado cambios. Juan Ortuño ha sustituido como portavoz a María de la O Jiménez. Ésta y Antonio Perales han dejado sus actas de concejales. 'Una crisis', sostiene el PP. El PSOE dice que son relevos necesarios. El grupo de IU mantiene a Jesús Gargallo como portavoz, aunque Isabel Vaz sustituyó hace varios meses a Gervasio Hernández como edil. Esta incorporación ha coincidido con una oposición más radical de IU hacia la gestión del PP. Quien se mantiene inamovible es Julio Braña (PA), quien hasta hace unas semanas hizo él sólito, en ocasiones, más ruido que toda la oposición.