CiU se opone a crear una comisión que investigue la financiación de Unió

El caso Pallerols resurge. El conseller en cap de la Generalitat, Artur Mas, se opuso ayer a la creación de una comisión en el Parlament para investigar la presunta financiación de Unió Democràtica de Catalunya (UDC) mediante el uso ilegal de fondos ocupacionales gestionados por el Departamento de Trabajo. El caso vuelve a la palestra tras conocerse la denuncia de un empresario de Sant Cugat contra dos dirigentes de UDC, a los que acusa de extorsión. El empresario afirma haberles pagado 22 millones de pesetas.

El portavoz de UDC, Jordi Casas, secundó a Mas al oponerse también a la creación de una comisión en el Parlament para investigar de nuevo el caso Pallerols. La petición fue planteada tras conocerse la denuncia por extorsión presentada por el empresario Ángel Segura Lloret contra el ex secretario de organización de Unió, Vicenç Gavaldà, y el ex portavoz de Unió y actual consejero de la Corporación Catalana de Radio y Televisión Eugeni Pérez Moreno, de la cual informaron ayer El Periódico de Catalunya y el Diari de Girona.

El partido federado con Convergència Democràtica considera que 'no tiene sentido' investigar este asunto dado que, a su parecer, se trata de 'un asunto privado entre una empresa privada y dos ex-dirigentes de Unió', afirmó Casas.

El empresario, Ángel Segura Lloret presentó su denuncia en el año 2000. En ella asegura que en los años noventa entregó al menos 22 millones de pesetas a Gavaldá y a Moreno, ante la amenaza de que, de no hacerlo, dejaría de recibir nuevas subvenciones del Departamento de Trabajo de la Generalitat para los cursos de formación laboral, que impartían sus empresas.

Gavaldá aparece como imputado en la causa abierta contra el empresario andorrano Fidel Pallerols, a quien se acusó de falsificar la firma de los alumnos que asistían a los cursos de formación de sus empresas para cobrar más subvenciones de la Generalitat. Entre el material incautado por la policía en las oficinas de Pallerols en Andorra se encontraban varias cuentas corrientes y anotaciones en las que figuraban las siglas VGC, correspondientes a Vicenç Gavaldà Casat.

Pallerols financiaba presuntamente a militantes de Unió, el partido que controla la Consellería de Trabajo. Cuando estalló el escándalo, el titular de este Departamento era Ignasi Farreres y, en la actualidad, desempeña el cargo, Lluís Franco.

A raíz de este caso, que comportó incluso la congelación temporal de las ayudas europeas para la formación de desempleados en Cataluña, los grupos de izquierda han reclamado en varias ocasiones en el Parlament la creación de una comisión de investigación sobre la concesión de fondos de formación ocupacional de la Generalitat a academias gestionadas por personas próximas a Unió, y el posible pago de una parte de estos fondos a militantes de Unió. No obstante, la propuesta sólo ha prosperado una vez en la Junta de Portavoces del Parlamento, al ser apoyada por el PP, aunque posteriormente decayó al votar este partido a favor de CiU en el pleno.

A la vista de las nuevas revelaciones sobre el caso, Unió se defendió ayer de la acusación del empresario alegando que los dos dirigentes acusados se encuentran devinculados del partido. 'Gavaldá ya no está en la dirección del partido', dijo Casas.

El portavoz parlamentario de ERC, Josep Huguet, anunció ayer que su grupo tiene previsto volver a presentar la petición conjunta de la izquierda en la Junta de Portavoces prevista para el próximo martes.

En la misma línea, el diputado del PSC-CpC, Josep María Rañé, responsable del área de Trabajo del grupo socialista, afirmó que el PP debería votar a favor de la constitución de esta comisión de investigación, tanto en la Junta de Portavoces como en el pleno, porque sería 'poco presentable' no hacerlo.