El hipódromo

Me parece inexplicable el escaso debate que ha producido el abandono y deterioro en el que ha quedado sumido el hipódromo de Madrid, una magnífica infraestructura situada en un espléndido paraje de la ciudad.

Un sonoro silencio rodea la gestión dirigida por el señor Enrique Sarasola, cuyo rotundo fracaso empresarial ha conducido a la actual situación.

La titularidad del hipódromo de Madrid corresponde a Patrimonio Nacional, organismo del Estado enmarcado en el Ministerio de Presidencia cuya actuación, frente al cierre y abandono de las instalaciones que, hace ya más de un lustro, llevó a término el señor Sarasola, se ha reducido a expulsarle del recinto, tras sentencia judicial, convocar un concurso para su explotación (que parece haber resultado fallido) y llevar a cabo unas parcas tareas de mantenimiento de la finca y las instalaciones.

La necesidad de que Patrimonio tuviese que recurrir a la justicia para expulsar al señor Sarasola sólo puede explicarse por la prepotencia de éste, al no asumir su fracaso, trasladando, así, sus consecuencias a los ciudadanos, que deben soportar y hacerse cargo de sus fallos empresariales. La lentitud de la justicia también la pagan los ciudadanos.

El concurso convocado por Patrimonio, que tuvo que esperar a la expulsión del señor Sarasola, parece, en principio, que se planteó adecuadamente. De hecho, a él concurrieron tres grupos de sólidas empresas e instituciones nacionales e internacionales. Pero su resolución concluyó en un fiasco que nadie ha explicado. De nuevo aparece la sombra del señor Sarasola, que aunque expulsado del hipódromo se atrinchera ahora en supuestos derechos sobre las apuestas.

Pero no parece que sea él el único responsable del fracaso del concurso. A la descoordinación de la Administración se debe imputar la principal responsabilidad. La concesión y marco jurídico de las apuestas a escala nacional son competencias que gestiona el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado (ONLAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, y parece ser que este organismo no clarificó el marco jurídico para explotar la apuesta del hipódromo de Madrid. Además, el fracaso del concurso ha puesto de manifiesto las lagunas legales que, en materia de apuestas, existen en relación con el mercado global, el uso de las nuevas tecnologías y las competencias de las comunidades autónomas.

El hipódromo de Madrid es un ejemplo sangrante de desidia de la Administración y de los partidos políticos. ¿Por qué nadie ha planteado seriamente el anacronismo de su ubicación en Patrimonio? ¿No estaría mejor gestionado si las competencias sobre el mismo las tuviera la Comunidad de Madrid? ¿Por qué no se ha planteado y debatido a qué otros usos alternativos y relacionados con el mundo del caballo podrían dedicarse sus magníficas instalaciones, y a qué destino social y organización encomendar su explotación? Mientras llega una solución, los madrileños, en lugar de disfrutar de unas magníficas instalaciones que les corresponden, pueden conmoverse con las imágenes del deterioro del hipódromo que, de vez en cuando, les ofrece la prensa.