Los riesgos de pagar sin exigir recibo

El pez grande no siempre se come al chico. Así lo cree la familia Sacristán-Luceño de Badalona después de que el Juzgado de Primera Instancia número 6 de esta localidad le haya dado la razón y haya instado a la promotora Skala Kosmos, SA a 'la entrega inmediata' de la vivienda adosada situada en la calle de Xaloc nº 2 del polígono Montigalà-Batllória y la haya condenado al pago de las costas de los abogados. El matrimonio Sacristán-Luceño había entregado a cuenta 10.238.000 pesetas por el chalet que la empresa debía entregarle a final de 1999. De dicha cantidad, 4,5 millones los pagaron en negro a petición del vendedor, sin que figuraran en el contrato de compra-venta ni en documento alguno.

El resto de propietarios de la urbanización dieron su apoyo a la pareja Sacristán-Luceño

Los retrasos y anomalías detectadas indujeron al matrimonio a solicitar asesoramiento a la oficina municipal del consumidor, lo que indignó sobremanera al promotor hasta el punto de comunicarle a la pareja que no les entregarían 'jamás la vivienda para que aprenda la señora Luceño a no reclamar tanto', recoge textualmente la sentencia.

En el tiempo que media entre el pago de una parte del dinero y la resolución judicial la familia ha tenido que pasar por un vía crucis. Las irregularidades empezaron en septiembre de 1998, cuando la promotora participada por Construcciones Castro, con sede social en Barcelona, les exigió que abonaran en negro una parte del valor de la casa. 'Nosotros no teníamos ni un duro negro porque somos trabajadores y sólo tenemos los ahorros que hemos podido ir reuniendo sólo del jornal de mi marido', camionero de profesión, explica Sofía Luceño.

Luego se sucedieron los retrasos en la entrega y los intentos de adjudicársela con desperfectos, porque la habían utilizado los albañiles como almacén. En mayo de 2000 Skala Kosmos remite al matrimonio, y a través del notario, una carta en la que le comunica que, al no pagar el precio pactado, dan por resuelto el contrato y pretenden quedarse la casa y el dinero entregado tanto oficial como extraoficialmente.

El Defensor del Pueblo de Badalona, Desideri León, y la oficina del consumidor municipal emitieron en su día informes en los que apoyaban a la familia. Asimismo, el resto de compradores de la promoción de la calle de Xaloc se ofreció para testificar a favor de la pareja si era necesario. A través de las muchas gestiones realizadas averiguaron en el registro de la propiedad que la casa en cuestión iba a ser vendida a otras personas, lo que se pudo evitar gracias a la rápida intervención del juzgado. Las personas a las que estuvieron a punto de venderles el chalet -por 45,5 millones de pesetas- declararon en el juicio a favor del matrimonio.

El 31 de mayo de 2000, el juzgado admitió a trámite la demanda de la pareja. La respuesta de la empresa fue contundente: consideraba resuelto de pleno derecho el contrato alegando impago del precio pactado y solicitaba que se condenara a la pareja a la pérdida de las cantidades pagadas que oficialmente ascendían a 5.778.000 pesetas, pero que en realidad pasaban de los 10 millones.

La incertidumbre por la que ha pasado el matrimonio y sus dos hijos ha hecho mella en la salud de algunos de sus miembros. El marido padeció una crisis de ansiedad depresiva por la que precisó tratamiento médico prolongado. Y el piso donde todavía habitan en la calle de Alfonso XII lo habían puesto en venta y vencía el plazo para entregarlo. No tuvieron más remedio que echarse atrás y anular la venta para no quedarse en la calle.

Ahora, Sofía Luceño no disimula la satisfacción que les ha producido el fallo judicial porque, como ella dice, no sólo estaba en juego la pérdida de una cantidad ciertamente elevada para una familia trabajadora como la suya, sino porque considera que lo importante es que se ha hecho justicia.