El PSOE endurecerá su crítica al PP en los contactos antitránsfugas por el pacto con GIL

La ejecutiva regional afirma que 'hay que salir a la calle' para pedir las políticas de empleo

El PSOE de Andalucía va a exigir 'como mínimo' al Partido Popular un ejercicio de autocrítica sobre sus pactos con antiguos concejales del Grupo Independiente Liberal (GIL), cuyo último episodio permitió a los populares acceder a la alcaldía de Estepona (Málaga), tras romper un acuerdo con socialistas, Izquierda Unida y Partido Andalucista. El PSOE va a endurecer su posición en la cita que mantendrán próximamente los partidos que concurrieron a las pasadas elecciones autonómicas para aislar a los tránsfugas, según afirmó ayer la vicesecretaria general socialista, María del Mar Moreno.

Los máximos responsables de PSOE, PP, IU y PA estaban citados mañana miércoles para concretar lo hablado en una reunión celebrada el pasado 23 de noviembre, donde se acordó la creación de una comisión para que evalúe, con carácter previo, la presentación de mociones de censura avaladas por tránsfugas. La nueva convocatoria ha sido aplazada a petición del PP. Todos los partidos indicaron que considerarían 'vinculantes' lo que en ese nuevo foro se decida, aunque fue el secretario general del PP, Antonio Sanz, el que matizó que 'la obligatoriedad dependerá de la voluntad política' de las formaciones.

Pese a que entonces el propio consejero de Gobernación, Alfonso Perales, convocante de la cita, consideró 'pedagógica' y reprobatoria del transfuguismo la reunión de los cuatro partidos, lo cierto es que en el PSOE se tiene la percepción de que se pudo trasladar la idea de que lo que se pretendía era pasar página respecto a casos ya consumados, algo a lo que no están dispuestos.

La tensa relación que mantienen socialistas y populares, acentuada por la última acusación contra el presidente de la Junta, Manuel Chaves, a cuenta de un supuesto espionaje al todavía presidente de la Caja San Fernando, Juan Manuel López Benjumea, no va a facilitar las relaciones de los dos grandes partidos andaluces, aunque el PSOE 'en los asuntos de Estado de Andalucía va a seguir abriendo puertas' al PP, aseguró ayer la vicesecretaria general socialista, María del Mar Moreno.

'Juego limpio'

Los socialistas exigirán 'garantías' a los populares de que 'están con el juego limpio' y 'pongan fin a esas alianzas' con el GIL. 'Cómo mínimo' les pedirán un ejercicio de autocrítica por lo sucedido en Estepona, donde el PP se ha hecho con la alcaldía con el apoyo de siete concejales tránsfugas del GIL. 'El PSOE no va a servir de coartada al PP y estas reuniones no son ningún borrón y cuenta nueva', subrayó Moreno, quien en varias ocasiones aludió al juego 'sucio' que practica el principal partido de la oposición, lo que, a su juicio, significa que 'han renunciado a ganar las elecciones autonómicas'.

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No fue éste sin embargo el principal asunto que abordaron los dirigentes socialistas en el pleno de la ejecutiva del PSOE, que ayer justo cumplió su primer año de mandato tras el 9º congreso regional, sin que haya elementos de tensiones internas de primer orden. Las movilizaciones contra la Ley Orgánica de Universidades (LOU), la negativa del Gobierno central a firmar el traspaso de las políticas activas de empleo y las elecciones en las cajas de ahorro con sede en Sevilla fueron algunos de los temas abordados, donde la mayoría de los dirigentes mostraron su apoyo y solidaridad a los dirigentes que han llevado el peso del proceso electoral en las entidades financieras. 'Hemos trabajado con dificultades, soledad e incomprensión, pero esto debe formar parte ya del pasado e impulsar un gran consenso en las cajas que pasa por la fusión de ambas y la profesionalización de la gestión'. Moreno añadió que a su partido, como formación mayoritaria, 'le toca liderar sin prepotencia' el nuevo proceso en El Monte y San Fernando, por lo que se dirigió expresamente a IU, Comisiones Obreras, UGT y Partido Andalucista.

El pleno de la ejecutiva también considera que es 'hora de salir de los despachos' y reivindicar 'en la calle' las competencias sobre las políticas activas de empleo, cuyo retraso el Gobierno de la nación justifica por motivos 'técnicos', sin que hasta el momento ningún ministro haya aclarado cuáles exactamente. El 31 de diciembre es para los socialistas la fecha tope de espera y a partir de ahí anunciarán movilizaciones y campañas como las que se desarrollaron en demanda del censo real de la población.

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