El Gobierno intenta recuperar el hipódromo y la apuesta hípica derogando tres decretos

El Ministerio de Presidencia cree haber encontrado una fórmula que le permitirá recuperar el control del hipódromo de La Zarzuela y la titularidad de las apuestas hípicas. Se trata de la presentación de una disposición derogatoria de tres reales decretos -que regulan el juego y la conservación del centro hípico-, que el Gobierno presentará junto con la Ley de Presupuestos para su previsible aprobación en el Senado a partir del próximo 10 de diciembre. De esta manera, Patrimonio Nacional espera poder convocar antes de que acabe el año un nuevo concurso para adjudicar la gestión del hipódromo y de las apuestas. La titularidad de estas últimas la posee ahora el empresario Enrique Sarasola.

Un portavoz de Patrimonio Nacional explicó ayer que ésta es la manera más 'rápida y rotunda' que ha encontrado el Ministerio de Presidencia, previa consulta con el Consejo de Estado, para intentar recuperar unas instalaciones que permanecen cerradas desde hace casi seis años.

Esteban González Pons, portavoz del PP en el Senado, afirma en el documento que, 'dada la dispersión y la antigüedad de alguna de las disposiciones en esta materia, se pretende clarificar el panorama normativo derogándolas expresamente'.

El último intento de volver a abrir el hipódromo de La Zarzuela fracasó tras declararse nulo el concurso para adjudicar su gestión, que ganó el grupo Equalia (liderado por Antena 3) y al que luego renunció por no estar incluido el control de las apuestas. Mientras esta trama legal se resuelve, 40 familias resisten a duras penas en un recinto en ruinas, donde 200 caballos aún siguen en los boxes y que visita a veces una veintena de jabalíes.

Enrique Sarasola sostiene que la propiedad de la apuesta exterior -la que se juega fuera del hipódromo- es suya. 'En 1992 firmé dos contratos, por los cuales la empresa de la que soy propietario se quedaba tanto con la explotación del hipódromo como con las apuestas hípicas. Por eso me sorprendió cuando Patrimonio confeccionó un concurso con unas bases en las que incluía las apuestas', dice.

Los reales decretos que el Gobierno quiere derogar (que datan de junio de 1957, julio de 1982 y mayo de 1984) se refieren al pago de la renta y conservación del hipódromo y establecen la manera de gestionar las apuestas.

En los decretos que el Gobierno intenta derogar se indica que 'el 55% del juego se destinará a dotar de premios las carreras de caballos que se disputen, y el 45% restante a la Sociedad de Fomento y Cría Caballar de España, que dedicará parte de sus ingresos a gastos de administración y expedición de las apuestas y a la conservación y mejora de las instalaciones'. La Sociedad de Fomento y Cría Caballar es una entidad sin fines de lucro que gestionó el hipódromo y la apuesta hasta que se la subarrendó, en 1992, al empresario Enrique Sarasola. El Ministerio de Presidencia cree que, anulando el acuerdo de Patrimonio con la Sociedad de Fomento, también acabará con los derechos de Sarasola en el hipódromo.

Presidencia, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, pretende, además de recuperar el control de la apuesta hípica, desvincular la titularidad de ésta de la gestión del hipódromo, según fuentes gubernamentales. Así, el Gobierno central sería quien establecería las normas del juego, la fórmula de apuesta exterior y la manera de apostar entre distintos hipódromos.

El último intento de desbloqueo de la situación de abandono que vive el hipódromo se produjo la pasada semana, cuando la Sociedad de Fomento inició una batalla legal para intentar recuperar la apuesta, interponiendo una demanda contra Sarasola. Esta medida es independiente de la decisión del Ministerio de Presidencia de derogar los decretos que conceden la gestión del hipódromo y la apuesta a la Sociedad de Fomento y Cría Caballar de España.

Sarasola asegura que nadie se ha puesto en contacto con él durante los últimos meses para conocer sus intenciones sobre la apuesta. 'Yo estoy dispuesto a hablar sobre este tema con todo el que esté interesado: con Hacienda, con los grupos que acudan al concurso...', dice. Cualquier proyecto sobre la viabilidad de las instalaciones de La Zarzuela pasa por poder definir el juego sobre las carreras. En principio, las apuestas interiores -que se realizan dentro de las instalaciones hípicas- dependerán de la Ley del Juego del Gobierno regional, mientras que las apuestas exteriores -las que se efectúan fuera del hipódromo- estarán sujetas a la supervisión del Gobierno central.

Desdichada historia

La desdichada historia del hipódromo de La Zarzuela comenzó el 30 de junio de 1992, cuando el empresario Enrique Sarasola firmó dos contratos por los que se hizo con la explotación del hipódromo hasta el año 2014 y con las apuestas. Cuatro años más tarde, en 1996, la Sociedad Hipódromo de La Zarzuela, propiedad de Sarasola, suspendió pagos. Se inició entonces una contienda en los tribunales entre Patrimonio Nacional y la Sociedad Hipódromo de La Zarzuela. En 1999, Patrimonio obtuvo, en el juicio sobre la gestión de las instalaciones, sentencias favorables de la Audiencia de Madrid que decretaban el desahucio contra la empresa de Sarasola por el impago del Impuesto de Bienes Inmuebles. En 2000, Sarasola abandonó el hipódromo y Patrimonio convocó un concurso para la adjudicación de su gestión. El concurso se falló en marzo de 2001. Pero Sarasola alega que sobre la otra cuestión, la propiedad de las apuestas, aún no hay sentencia firme.

En mayo pasado, Patrimonio revocó la resolución del concurso (Antena 3, líder del grupo ganador, renunció a sus derechos al saber que no podría controlar las apuestas), y en octubre, tras un dictamen del Consejo de Estado a petición de Presidencia, decretó la anulación del concurso y acordó convocar otro. El grupo que obtuvo la segunda mejor puntuación en el concurso anulado fue el encabezado por la ONCE.

Patrimonio convocará en diciembre el nuevo concurso. Fuentes de este organismo señalan que, para entonces, esperan haber aclarado el asunto de las apuestas. Pero un portavoz de Patrimonio ha asegurado que esta tarea está lejos de sus competencias: 'Corresponde al LAE [Loterías y Apuestas del Estado] determinar lo concerniente a la apuesta', dice. Sobre nuevos plazos para la reapertura del hipódromo nadie se atreve a hablar. 'El concurso, si no aparecen nuevos problemas, debe fallarse en primavera. Luego el grupo ganador dispondrá de un año más o menos para poner su proyecto en marcha', calcula el portavoz.