Ernst y Young dice que no realizará auditorías de agencias de valores hasta que no exista nueva regulación

La empresa de servicios Ernst y Young se ha planteado dejar de realizar auditorías a las agencias de valores, tras el caso Gescartera, 'hasta que no se defina exactamente las obligaciones del auditor con una nueva normativa. Esperamos que la regulación se incluya en la Ley Financiera', comentó Manuel Aragón, presidente de la compañía.

Aragón aseguró ayer que las agencias de valores 'es un sectores de alto riesgo' a la hora de practicar una auditoría. Ernst y Young tiene una querella en su contra por su informe que hizo de las cuentas de la agencia AVA en 1996 en las que no detectó un agujero de 84 millones de euros (14.000 millones de pesetas). La idea de no certificar las cuentas de las agencias de valores se baraja en esta auditora antes del escándalo del caso Gescartera, ya que Ernst y Young tuvo problemas con AVA en enero. El director del área de auditoría, José Miguel Andrés, dijo que le parecía 'injusto que por un informe concreto se manche el nombre de una empresa que hace más de 2.000 auditorías al año'.

Ernst y Young ha mantenido contactos políticos con los diferentes grupos parlamantarios y cree que pronto 'se aclarará este panorama', dijo Aragón.

A su juicio, 'las relaciones con la CNMV no son tan fluidas como lo son con el Banco de España y es algo que se debería mejorar'.

En cuanto a los resultados del ejercicio fiscal 2001, cerrado el pasado 30 de junio, Ernst y Young logró un volumen de negocio de 107 millones de euros (17.803 millones de pesetas), un 22% más que en 2000. Por líneas de servicios, Abogados alcanzó el mayor crecimiento en facturación, un 36%, mientras que el negocio de auditoría lo hizo en un 13%. Para el próximo ejercicio esperan crecer más del 15%.

Por otra parte, los Fondos de Garantía de Depósitos de los bancos serán los más perjudicados en el pago de las indemnizaciones a los afectados por los quebrantos de las agencias de valores Gescartera y AVA, ya que tendrán que hacer frente al 70% de los 36 millones de euros (6.000 millones de pesetas) a indemnizar. Las cajas se harán cargo del 15%, nueve millones de euros, (15.000 millones de pesetas) y las cooperativas el 5% restante, 1,8 millones de euros (300 millones de pesetas).