Una sentencia obliga a la promotora de CajaSur a pagar 400 millones para reparar 223 pisos defectuosos

Una sentencia del juzgado de Primera Instancia número seis de Córdoba obliga a Convisur, promotora perteneciente a CajaSur, a la constructora Grupo Acciona y a los arquitectos Luis Giménez Soldevilla y Ángel Lara a hacerse cargo de la reparación de los múltiples desperfectos de 223 viviendas situadas en la Plaza Escultor Ruiz de Olmos, en Córdoba. El coste de estos arreglos se estima en unos 400 millones de pesetas, según informó Manuel Ruiz, representante de los afectados. La sentencia ha sido recurrida por todas las partes.

La urbanización, situada junto a la salida norte de Córdoba, incluye 386 viviendas, 500 plazas de aparcamiento y amplias zonas comunales. Los pisos, de protección oficial, se vendieron sobre plano en 1992, a precios que oscilaron entre los ocho y los diez millones de pesetas, y se entregaron en 1994. 'Desde que nos dieron las llaves tuvimos problemas', señaló Manuel Ruiz.

Entre las deficiencias más graves destacan las humedades, que han producido cortocircuitos e incendios; el desprendimiento de azulejos y losetas en cocinas y baños; las filtraciones de aire a través de las ventanas 'y hasta de los enchufes, que se dice y no se cree', aseguró Ruiz. La humedad y los graves defectos de aislamiento hacen imposible utilizar algunas habitaciones durante el invierno y han causado enfermedades pulmonares (bronquitis, neumonía) a los hijos de muchos vecinos.

La instalación eléctrica también se demostró inadecuada 'y peligrosa', defendió Ruiz, al igual que las puertas, que no sólo se desplomaban fácilmente, sino que no cumplían el requisito de resistir el fuego durante un mínimo de 30 minutos. 'Sólo aguantaron tres', concluyó.

Pero los problemas de la urbanización, en la que viven 386 familias, no se limitan al interior de las viviendas, advirtió Ruiz; de las fachadas exteriores caen cascotes, las farolas no tienen toma de tierra, los garajes se inundan repetidamente. Según los cálculos de los vecinos, los responsables de la construcción desviaron o perdieron el 40% del presupuesto de las obras, que están tasadas en unos 4.000 millones de pesetas.

Ruiz declaró que esperan aún el resultado de otro juicio acerca de las zonas comunales y que piensan proceder también en contra del Ayuntamiento y el Ministerio de Obras Públicas. Hasta el momento, sus gastos judiciales ascienden a 32 millones.