Las lecciones de Viera

Desde que la policía anunciara la detención de la directiva de la Federación de Asociaciones Romaníes de Andalucía (FARA) por el supuesto desvío de 300 millones de ayudas públicas, los medios de comunicación han registrado varias intervenciones públicas del consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, en las que sólo arrojó confusión sobre si él o sus funcionarios fueron amenazados por directivos de la FARA para que agilizaran en 2000 el pago de subvenciones, congeladas durante los dos años anteriores por sospechas sobre su gestión.

En cuanto los micrófonos se alejaban, Pérez Saldaña dejaba claro que consideraba 'injusto' que la lupa de la opinión pública se centrara sólo en su departamento. Porque había otra Consejería afectada: Empleo y Trabajo, cuyo titular es José Antonio Viera (Villamanrique de la Condesa, 1946).

Y eso que el juez también había ordenado detener a un funcionario del Ministerio de Trabajo, que supuestamente avisaba a los dirigentes de la FARA de las inspecciones, y que el departamento de Viera había concedido, entre 1998 y 2001, más de la mitad de los 657 millones que fueron a parar a la federación.

Pero la lupa del caso FARA se fijó el pasado miércoles en el consejero de Empleo. A los medios saltó un informe, incluido en el sumario judicial, en el que inspectores de la policía relataban su visita en julio a los dos consejeros andaluces.

Los agentes reflejan en su escrito el nerviosismo de Pérez Saldaña y sus continuas alusiones a las amenazas sufridas. De Viera dicen que tildaba de 'narcotraficantes' a los dirigentes de la FARA y aseguraba conocer que la actual directiva se había hecho con el poder tras un 'golpe de mano'.

Un día después de que este informe saltara a los periódicos, Viera dijo: 'He aprendido una lección'. Y negó tajantemente las afirmaciones recogidas en el texto policial. Para Viera, la lección está clara: nunca más volverá a tener conversaciones informales con inspectores de policía.

La Junta está convencida de que las filtraciones del sumario, que hasta ahora no han incluido las investigaciones sobre el Ministerio de Trabajo, en manos del PP, tienen una raíz política.

En el caso FARA, Viera ha puesto en práctica otra lección que aprendió la legislatura pasada. Como delegado de la Junta en Sevilla, coordinó junto a Félix Pérez Miyares, representante del Gobierno central, las tareas de limpieza tras el vertido tóxico en el Guadiamar: no escurrir el bulto cuando vienen mal dadas. Un día después de la operación policial contra la directiva de la federación gitana, detalló en Jaén la cuantía de las ayudas concedidas por su Consejería en los últimos años. Un día después de que el informe que recogía la visita de los inspectores saliera a la luz, aclaraba lo que él recordaba de aquella 'conversación informal'. Y en ningún caso ha subrayado lo evidente: que entre 1996 y 2000 el responsable de Empleo (entonces Trabajo) era Guillermo Gutiérrez, quien se considera 'amigo suyo, antes y ahora'.

Gran parte del capital político de Viera viene de aquella comisión mixta del Guadiamar que demostró que Junta y Gobierno podían cooperar. La catástrofe ecológica puso al borde de un ataque de nervios al Ejecutivo andaluz, con Gutiérrez, José Luis Blanco (Medio Ambiente) y José Luis García Arboleya (Salud) desdiciéndose unos a otros. La comisión mixta calmó la tempestad. Se sació con datos la ansiedad informativa de los medios y se invirtió la carga de la responsabilidad: la Administración pasó a hacer lo que le decían los expertos. Alguno de los integrantes de la comisión asegura que Viera fue el principal promotor de la ampliación del coro de especialistas para diluir la voz de los más críticos, los científicos del CSIC.

En esta legislatura, Viera ha demostrado su capacidad para salir a flote de otras situaciones endiabladas, como la reconversión de Santana Motor (donde la Junta tendrá que poner 40.000 millones más) o el acuerdo de concertación social más delicado de los suscritos hasta ahora con sindicatos y empresarios. Pero en el fomento de la innovación tecnológica, su asignatura más peliaguda, aún le quedan casi todos los deberes por hacer. Entre otras cosas, porque las consejerías de Presidencia (que coordina la 'sociedad de la información') y Educación (que controla los fondos de investigación) defienden panza arriba sus competencias.

Los que saben de I+D en la región aseguran que Viera, quizás por su desconocimiento inicial del tema, es el primer consejero que les escucha y que se ha rodeado de expertos en la materia que están urdiendo una base legal sólida. Pero muchas de las iniciativas anunciadas aún están en lista de espera. Hace casi un año ya que el consejero habló de la creación de un fondo de inversión tecnológico con las cajas de ahorro; Sandetel, la empresa autonómica que debía liderar el fomento de las nuevas tecnologías, ha perdido meses por luchas internas; y la primera convocatoria de solicitud de parcelas en el nuevo parque aeronáutico y tecnológico de La Rinconada (Sevilla) quedó desierta.

Su querencia por anticipar buenas noticias también se extiende a la otra pata de su departamento: en enero de 2001, adelantó que el Gobierno central aprobaría el traspaso de las políticas activas de empleo 'a finales de mes'. Desde 1996, Javier Arenas, Manuel Pimentel (cuando fueron ministros de Trabajo) y Guillermo Gutiérrez habían hecho idéntico anuncio, pero una ocasión tras otra el Gobierno central acababa por no dar su visto bueno al pacto.

Una lección que Viera se perdió.