Los discapacitados pagarán las residencias según su renta familiar desde diciembre

Los 3.843 discapacitados psíquicos que acuden a residencias y centros de día de la región comenzarán a pagar en diciembre los nuevos precios fijados por la Comunidad, con el consenso de las asociaciones, y que imponen diferentes tarifas según la renta per cápita familiar del usuario. Dichos precios, que tienen como tope máximo la cuantía de la pensión del discapacitado, fueron aprobados el pasado marzo tras cinco meses de conflicto entre las asociaciones de padres y el Gobierno regional. La consejera de Servicios Sociales, Pilar Martínez, aseguró ayer que si no han aplicado antes las nuevas tarifas ha sido 'porque es un proceso complicado, había que mandar cartas a las familias, estudiar la documentación y desarrollar la aplicación informática'.

Hasta ahora la situación era compleja: los disminuidos que acudían a las 11 residencias públicas no pagaban nada por el servicio; pero sí lo hacían, y en cantidades diferentes, los que, por falta de plazas públicas, debían asistir a centros privados, creados la mayoría de ellos por las asociaciones de afectados. Ahora las dos redes se unifican. De los 2.383 a los que ya se les ha notificado las cantidades a abonar, 1.666 (el 70%) quedarán exentos de pago (por tener ingresos mínimos), y el resto abonará diversas cantidades.

Protesta

Hay otros 1.460 expedientes sin resolver, por falta de documentación o porque (en el caso de buena parte de los usuarios de centros públicos) porque las familias se niegan a facilitar los datos como protesta contra la medida. Martínez aseguró que a estas familias se les podría llegar a cobrar con carácter retroactivo y con recargo. La Coordinadora de padres de centros públicos tiene presentado un recurso contencioso-administrativo contra los nuevos precios. Menica Rodríguez, una de sus portavoces, aseguró ayer: 'Lo que pedimos es que se sienten a negociar. No se entiende que si mi marido necesita una diálisis se la hagan gratis y que mi hijo, por ser discapacitado psíquico, tenga que pagar por algo tan básico para él como una residencia, y menos que se tenga en cuenta para el pago la renta familiar'.

El PSOE está de acuerdo con el plan de precios, pero discrepa por cómo se ha elaborado -'sin contar ni con la oposición ni con las familias', según dijo el diputado Eduardo Sánchez Gatell-. Caridad García, de IU, planteó: 'Si no se cobra en servicios sanitarios a enfermos crónicos ni se les pregunta su renta, ¿por qué gravar a estos discapacitados con un impuesto?'.

Los nuevos precios se establecen en función de la renta per cápita familiar (ingresos netos divididos entre 12 meses y entre los miembros de la familia). Por una residencia se abonará el 75% de esa renta, y el 37,5% por un centro ocupacional. El discapacitado nunca pagará más de la pensión que percibe o del dinero que sus padres deducen por él del IRPF. Están exentos de pago quienes tengan menos de 50.001 pesetas de ingresos mensuales.