Ningún farmacéutico ha planteado formalmente ante su colegio la intención de no vender la píldora poscoital

Desde que en junio la Consejería de Salud ordenara a las farmacias dispensar la píldora del día después ningún boticario ha planteado formalmente ante el Consejo Andaluz de Colegios Farmacéuticos su pretensión de ejercer la cláusula de conciencia para no vender este medicamento. Por eso, esta institución desconoce cuántos asociados objetores tiene. En todo caso, desde el consejo se aclara que son 'contados' y se intenta quitar hierro a la polémica con el argumento de que como la amplia mayoría comercializa la píldora, si una farmacia no la dispensa, otra muy próxima la venderá.

El secretario del consejo, Antonio Mingorance, restó importancia a la polémica avivada tras el reciente auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que suspende cautelarmente la orden de Salud: 'Si la mayoría de las farmacias ejercieran la objeción, habría un problema; pero como no es así, el problema no existe. Con orden o sin orden, la píldora está en las farmacias. Respetamos lo que diez o 100 farmacéuticos decidan, pero la dispensación está garantizada. No hay desabastecimiento y por lo tanto, tampoco hay motivo de alarma'.

El colegio de Farmacéuticos de Granada, ciudad donde se fundó la asociación de defensa de la objeción de conciencia, tampoco conoce ningún caso de un colegiado que haya decidido prescindir de algún medicamento por motivos morales, informa Alejandro V. García. Fuentes del colegio precisaron que, al igual que ocurre en el de Médicos, lo lógico sería que los boticarios que decidieran objetar lo pusieran en conocimiento del órgano colegiado. No obstante, al tratarse una mera hipótesis sin antecedentes, tendrían que ser los técnicos los que determinaran la forma en que habría de producirse dicha declaración.

Por otra parte, la secretaria de Movimientos Sociales de los socialistas andaluces, Susana Díaz, afirmó ayer en rueda de prensa que 'es difícil entender como se puede ser objetor cuando se ejerce un servicio público mientras se reivindica el oficio de farmacéutico en régimen de monopolio'. En términos parecidos se manifestó Cintia Castillo, responsable de la secretaría de la Mujer, quién añadió que si se atiende a la objeción de conciencia, cualquier día alguien puede decir que no dispensa jeringuillas: 'Igual que no entendemos que pongan pegas al preservativo y no a los anticonceptivos hormonales'.

Para los socialistas es difícil explicar un acto de objeción como éste cuando 'no sabemos en que se basa realmente este grupo de farmacéuticos para rechazar la orden de la Consejería de Salud', añadió Díaz. En ningún caso la objeción de conciencia, como tal, es un derecho fundamental. Y nada tiene que ver con derechos constitucionales como el de la libertad o el derecho a la salud.

Críticas a Villalobos

Díaz criticó la ministra Celia Villabos a la que calificó de 'irresponsable'. De la titular del Ministerio de Sanidad dijo que 'o no sabe lo que firma o no lee los papeles que le dan para firmar'. Según la representante socialista, es inaudito que Villalobos se atreva ahora a cuestionar la medida tomada por la Junta cuando en los seis meses que lleva aplicándose ha demostrado sobradamente su eficacia. Y le recordó que la legalización de la píldora del día siguiente ha sido aprobada por la Agencia Nacional del Medicamento. 'En vez de abanderar actitudes reaccionarias, debería estar más atenta a las demandas sociales', concluyó

Para los socialistas andaluces, tampoco los jueces han estado muy acertados en esta ocasión. Castillo les recordó que no siempre están tan diligentes para tomar medidas cautelares, 'sobre todo, si se trata de casos de malos tratos a mujeres', precisó.

Las representantes socialistas también criticaron al PP al que acusaron de escudarse en la objeción de conciencia para disimular su rechazo a las medidas de prevención sanitaria como el preservativo o la píldora.

Para IU, que calificó el auto de 'retrógrado', el problema se planteará cuando en poblaciones pequeñas la única farmacia decida no vender ni píldora ni condones.

La parlamentaria Concha Caballero apuntó que el TSJA ha olvidado la condición de servicio público de estos establecimientos e insistió además en que es 'inadmisible que no se garantice la administración de un medicamento legalmente autorizado y con la debida prescripción médica'.