El Gobierno catalán concede a dedo 63 líneas de autobuses para las que recomienda concurso

El Gobierno catalán ni siquiera atiende a sus propias recomendaciones. El Plan del Transporte de Viajeros de Cataluña se halla en estos momentos en el trámite de exposición pública y detalla varios recorridos para autobuses que, según el propio plan, deberían ser otorgados por concurso público. El pasado 13 de noviembre el director general de Transportes, Enric Ticó, anunció la concesión de estas mismas líneas, todas ellas otorgadas a dedo y presentadas como prolongaciones de líneas ya existentes. La oposición cree que se trata de una cacicada.

La legislación vigente sostiene que cuando una empresa cubre una línea de transporte de viajeros por carretera no puede concederse el mismo trayecto a otra de la competencia porque esto supondría reducir el número de viajeros. Atendiendo a esta norma, el Gobierno de CiU comunicó al Ayuntamiento de Girona que no podía concederle la explotación de una línea que uniera el centro de la ciudad con el aeropuerto de Girona-Costa Brava.

La cronología es precisa: 14 de junio de 2000. Transports Municipals del Gironès presentó una petición para un servicio discrecional de transporte de viajeros con asiento individual entre la ciudad y el aeropuerto, situado en Vilobí d'Onyar (Selva). La denegación se produjo en fecha 19 de octubre porque una empresa privada hacía el servicio desde el 25 de julio. Más de un mes después de solicitarla la empresa municipal gerundense.

El Departamento de Política Territorial, de quien depende la concesión, declinó ayer comentar este hecho y sugirió que, quizá la empresa había pedido antes la misma línea, aunque no pudo asegurarlo.

Tampoco fue muy preciso al comentar la concesión de 63 itinerarios a diversas empresas, todos ellos sin concurso público. Estos itinerarios figuran en la Plan de Transporte de Viajeros, un documento que pretende regular la movilidad de las personas por carretera y ferrocarril y que ha sido duramente criticado por la oposición. Críticas al margen, el Gobierno catalán ni siquiera respeta lo que él mismo propone en el plan que se halla expuesto a información pública hasta el 30 de noviembre, según un anuncio inserto en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) del 8 de noviembre. El plan afirma, al hablar de estas líneas, la necesidad de 'fomentar la competencia empresarial' y que el mecanismo para lograrlo será el 'concurso público'.

1.600 millones de pesetas

Las concesiones presentadas el pasado 13 de noviembre y acordadas dos días antes, afectan a 34 contratos programa y suponen que el Gobierno de CiU entregará a estas empresas subvenciones por un total de 1.600 millones de pesetas (9,61 millones de euros) para la mejora de la líneas y para 'garantizar la viabilidad económica de estas concesiones'. Una viabilidad que, afirma la oposición, se hubiera logrado mucho más fácilmente si las concesiones se hubieran hecho por concurso.

El Gobierno de CiU se ha basado en la posibilidad de alargar líneas por continuidad para conceder estos nuevos servicios, además de tener en cuenta una normativa del año pasado para contratos-programa, según un portavoz del Departamento.

La oposición cree que lo que ha hecho la dirección general de Transportes es evitar el concurso, al tiempo que convierte en papel mojado el propio Plan de Viajeros al otorgar las líneas antes de aprobarlo.

El grupo parlamentario socialista ha presentado un bloque de alegaciones al plan y también ha reclamado al Ejecutivo que preside Jordi Pujol información sobre todas las concesiones dadas en los últimos dos años en los que, sostiene el diputado Manel Nadal, hay que repasar con lupa las actuaciones hechas con el mismo criterio y falta de transparencia.

Los socialistas recuerdan, además, que la legislación actual establece como preceptiva la consulta del plan a los municipios afectados con más de 5.000 habitantes y aseguran que no se ha hecho.

El mismo argumento se halla incluido en el informe sobre el Plan de Transportes de Viajeros por Cataluña elaborado por el portavoz del grupo parlamentario de IC-V, Joan Boada, quien no duda en calificar el plan como una 'chapuza impresentable'. Las alegaciones de IC-V al plan, en consonancia con esta evaluación, reclaman su 'retirada inmediata'.

El análisis de las inversiones reseñadas es especialmente demoledor. 'En ningún momento hay compromisos serios por parte de las administraciones afectadas', dice Boada, antes de recordar de que los 182 mil millones reseñados, sólo 30.000 millones corresponde al Gobierno catalán y el resto no depende de su voluntad. Pero, además, señala Boada, la inversión se reparte de forma muy desigual: 'El 3,4% va destinado a los autobuses, el 4,7% son inversiones mixtas ferrocarril-autobús y el resto, 91,9% es exclusivamente para el ferrocarril'. Esto hace que el plan castigue especialmente a las zonas del territorio que carecen del servicio de tren, en cualquiera de sus variantes. Para estas poblaciones, el plan, dicen las alegaciones de IC-V, 'propone unos servicios mínimos (...) tan pobres que no pueden recibir la calificación de mínimos'.