Gil declara como imputado por conceder una licencia para 238 viviendas en zona verde

El alcalde de Marbella, Jesús Gil, declaró ayer ante el juez que el único Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente es el aprobado en 1998 por su equipo de gobierno, y que las competencias urbanísticas corresponden al ayuntamiento. El regidor compareció como imputado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Marbella por un presunto delito urbanístico. La Fiscalía acusa a Gil de conceder una licencia de obras para tres edificios, con un total de 238 viviendas, en la zona de Banana Beach, en una parcela calificada como sistema general de áreas libres.

El abogado del ayuntamiento, José María del Nido, explicó que en el texto elaborado por el grupo GIL los terrenos están calificados como suelo urbano, y que por tanto, 'el uso que deba darse a este suelo es una competencia exclusivamente municipal'. 'Es el consistorio el que destina el suelo al uso conveniente para el modelo de ciudad que tiene establecido', subrayó el letrado, que aseguró que cuando a unos terrenos se les da un uso distinto al establecido, el ayuntamiento reserva esos mismos metros en otro lugar para el uso original.

Por el contrario, para el abogado del PSOE, José Carlos Aguilera, la licencia otorgada a la empresa Tura S.A., vinculada al grupo Ávila Rojas, es 'una tropelía al patrimonio municipal', que a su juicio pone de manifiesto que 'para Gil la política de hechos consumados es mucho más efectiva que la reacción jurídica'. A este respecto, se quejó de que las promociones urbanísticas denunciadas estén 'terminadas y vendidas a terceros años antes de que finalice el procedimiento penal'.

Lentitud judicial

'Lo extremadamente grave', dijo, 'es que una promoción pueda iniciarse y concluirse en 24 meses y que un procedimiento penal dure 48'. El letrado, que lamentó la 'extraordinaria lentitud' de la administración de Justicia en Marbella, pidió 'medidas excepcionales para evitar este colapso'.

Los Verdes fueron los primeros en denunciar ante la Fiscalía, en noviembre de 1999, la construcción de una promoción inmobiliaria en Banana Beach. El PSOE se sumó poco después a la denuncia. La comisión de gobierno había aprobado el 9 de septiembre de 1998 conceder una licencia de obras a la empresa Tura S.A., para la construcción de tres edificios de siete alturas en unos terrenos situados en primera línea de playa, y calificados como sistema general de áreas libres (gran zona verde) en el PGOU de 1986, que la Junta de Andalucía considera vigente.

Las obras, que están prácticamente concluidas, fueron paralizadas hasta en dos ocasiones por el juez, aunque la Audiencia Provincial de Málaga levantó las medidas cautelares el pasado mes de octubre. La juez instructora sustituta, Mariana Peregrina, apartó a Los Verdes del procedimiento y les impuso, al igual que al PSOE, una fianza de 4 millones de pesetas para continuar como acusación en la causa. Ambas formaciones políticas recurrieron la medida, aunque la Audiencia de Málaga sólo se ha pronunciado en el caso de los socialistas.

En sus primeros años de gobierno en Marbella, Gil intentó sin éxito trasladar a estos terrenos los bares de noche y crear una zona de diversión para los jóvenes. El Ayuntamiento gastó cientos de millones en 18 carpas, que fueron cerradas ante las protestas de los vecinos por el ruido ensordecedor. Pero esta no es la primera vez que Gil y Gil declara como imputado por un presunto delito urbanístico. El alcalde acumula cerca de treinta denuncias por delitos contra la ordenación del territorio, en los que se le acusa de inductor. Aunque son muchas las que se han archivado, se ha decretado la apertura de juicio oral en al menos cinco causas. La Fiscalía de Málaga solicita para Gil y el resto de los concejales que aprobaron las licencias año y medio de cárcel y ocho de inhabilitación en cada procedimiento.