El desacuerdo entre Ayuntamiento y Junta paraliza la demolición de edificios en ruina

Los desacuerdos llegan en ocasiones a los tribunales. El pasado 31 de octubre, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía rechazó una resolución de la Dirección General de Bienes Culturales que denegaba la autorización para demoler parcialmente un edificio de la calle Ancha de Gracia, declarado en estado de 'ruina inminente' por el Ayuntamiento. El proceso, en este caso, se ha dilatado casi un año y durante ese tiempo no se ha hecho nada en el inmueble.

El delegado de Cultura de la Junta en Granada, José Antonio Montilla, considera que estos litigios son 'lógicos', pues 'los técnicos no siempre se ponen de acuerdo y emiten informes contradictorios'. Para muchos propietarios e inquilinos de los edificios afectados, estas diferencias de criterio hacen pensar más bien en una cierta 'arbitrariedad' en las decisiones.

¿Quién sale ganando con estos descuerdos? La declaración de ruina de un edificio no siempre perjudica a los propietarios, si no que más bien son ellos los que la buscan o incluso presionan para conseguirla. Muchos de los inmuebles del centro de la ciudad están habitados por inquilinos que pagan rentas bajas. La declaración de ruina económica es el método más eficaz para los propietarios de desprenderse del alquiler, pues no tienen que pagar indemnización a los arrendatarios por abandonar los pisos.

El director de Servicios de Urbanismo, Manuel Lorente, admite que algunos de estos propietarios llegan incluso a dañar el edificio para precipitar su ruina, aun en casas donde hay personas viviendo. Según Lorente, el Ayuntamiento intenta que no se declare la ruina hasta que sea una 'realidad patente' y se convierta en 'último recurso'.

El delegado de Cultura. por su lado, opina: 'tengo que presuponer que el Ayuntamiento es riguroso a la hora de pedir la demolición de un edificio'. Aun así, Cultura rechaza algunos de estos decretos, porque 'llegan ruinas que se pueden arreglar', a juicio del delegado, quien agrega que 'a veces es mejor llevar a cabo medidas de protección'.

El Ayuntamiento, según Lorente, obliga a los propietarios de edificios a adecentarlos y tomar medidas de seguridad siempre que es posible, en lugar de declarar la ruina. Pero el seguimiento y control de estas demandas y de los posibles daños que los propios dueños realizan no siempre resulta fácil.

El Ayuntamiento admite que los deterioros intencionados se producen con cierta asiduidad, pero no es fácil evitarlo, sobre todo cuando el expediente se ve encuelto en un proceso judicial.