Sudario de asfalto para la huerta
La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en defensa de la huerta de Valencia -o de lo poco que va quedando de ella- ha pasado casi de puntillas por las Cortes Valencianas. El PP, artillado por su mayoría absoluta, no ha dejado siquiera que se debata la propuesta, a pesar de estar respaldada por más de 117.000 firmantes y ser la primera que se presenta en esta autonomía. Según los portavoces gubernamentales, será la futura Ley de Ordenación del Territorio que con indignante parsimonia se elabora la que decida el aprovechamiento y destino de este espacio. Hasta entonces, pues, nos armaremos de resignación mientras contemplamos la degradación que aflige a este patrimonio natural.
A modo de una conclusión apresurada de este debate nonato afirmaríamos que el PP no tiene el menor interés en proteger la huerta. Así dicho incurriríamos, además del apresuramiento, en un juicio de intenciones, ya que no nos consta que el Gobierno del PP haya manifestado inequívocamente que la huerta le importa menos que los palmos de suelo edificable. No lo ha dicho, pero son alarmantes los indicios de que no percibe la gravedad del problema, ni tiene idea de cómo abordarlo, al margen de que confíe en la Providencia o en su trasunto terreno que, para el caso, son las leyes de mercado y las sacrosantas codicias de los inversores privados.
El combativo diputado popular Rafael Maluenda podrá desmentirnos, pero asimismo habrá de convenir que al vetar este debate propicia todas las sospechas y nos secuestra la oportunidad de ahondar en un asunto -la protección de la huerta- acerca del cual no se tiene noticia de qué demonios piensa su partido. Hasta hoy, como es evidente, todas las iniciativas y lamentos proceden de estamentos sociales genéricamente progresistas y colectivamente ajenos a disciplinas partidarias. La referida ILP no es más que un movimiento cívico con un proyecto concreto que no había de cuajar en todos sus apartados, si bien la discusión de los mismos arrojaría luz sobre las utopías o viabilidades de este propósito protector.
El PP ha soslayado esta oportunidad -excepcionalmente democrática- y consecuentemente seguiremos conjeturando qué se lleva entre manos. ¿Pespunta acaso conservar una zona de producción agrícola periurbana para proveer los mercados urbanos inmediatos? ¿Piensa en un parque temático ecológico atendido por labradores de pacotilla con nómina de funcionarios? ¿Subvencionará el cultivo de una pocas hanegadas en torno a una barraca o alquería a fin de que no se pierda una de nuestras referencias identidatarias? ¿O, simplemente, acorde con un criterio desarrollista, deje que se acabe de tejer el sudario de asfalto que acecha la huerta menguante que resiste?
De optar por este último supuesto, el PP está en su derecho para alegar que muchos otros gobernantes que le precedieron abonaron la fatalidad que se cierne sobre la huerta. Poco o nada hizo para impedirla la Corporación administrativa Gran Valencia que se alumbró con la década de los cincuenta, ni fue mucho más diligente el Consell Metropolità de l'Horta, de los ochenta, y ya se ve con cuánta docilidad ceden los ayuntamientos ante la presión urbanística, por no aludir a los sacrificios hortelanos inmisericordes de algunas iniciativas ilustradas, como la ubicación de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Cómo negar que el saqueo de la huerta es el corolario de una insensibilidad social acrecentada por la inepcia y cobardía de los políticos?
Al PP no se le puede escamotear la oportunidad de sumarse a este cortejo de dejaciones rehogadas a menudo con el almíbar retórico de una tarjeta postal o de unos versos ratpenatistas. El PP -dirán sus portavoces-se ha limitado a dejar hacer y dejar pasar en sintonía con la inercia histórica y con su ideario. Y así ha sido. Después de seis años de gobierno no ha demostrado que la huerta es algo más que un tapiz de surcos y hortalizas en expectativa de destino urbano. Esta semana, al frustrar el debate que se le propuso, ha perdido la ocasión de alegar que no quiere ser cómplice de este asesinato. El día que quiera hacerlo, si está en sus previsiones, habrá de limitarse a entonar un réquiem que más de cien mil valencianos han querido impedir.
PIDEN ÁRNICA
Doce miembros de la anterior junta directiva de la Comunidad de Pescadores de El Palmar tienen un pie en la cárcel debido a su empecinamiento en la desobediencia de los fallos judiciales. Excepto sus allegados -y su abogado-, nadie puede pensar que se trata de una medida arbitraria y, mucho menos, injusta. Que no esperasen verse en esta tesitura es otra cuestión, aunque se les debió aleccionar acerca de este riesgo. Sin embargo, llegados a este extremo, creemos que ya han sentido la inminencia del chabolo y no ha de darse un paso más si ceden en su obstinación. El encarcelamiento supondría echar más sal a las heridas vecinales abiertas. Póngase árnica.
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