Lo que nunca se dice

El acuerdo del PP con ex concejales del GIL en Estepona para derrocar el gobierno del socialista Antonio Barrientos, del que los propios ediles populares formaban parte para aislar al partido de Jesús Gil, ha provocado una riada de polémica. EL PAÍS ha requerido opinión al presidente del PP de Málaga y al portavoz socialista en Estepona. El primero justifica la moción de censura como paso necesario para acabar con un nefasto gobierno; y el segundo lamenta el fin de una alianza ejemplar contra los políticos que anteponen sus intereses particulares.

El gobierno municipal de Estepona era un desastre. Había que actuar, lloviese o tronase

A veces hay que vencer la tendencia a seguir por el camino que conviene o el que mejor queda y cambiarlo por el que se debe tomar, el que mejor representa y defiende el interés general. Malas prácticas de algunos arrastraban en su inercia a un gobierno de coalición y al municipio de Estepona. Un intenso viaje a ninguna parte en el que las responsabilidades eran a repartir con un único y claro perdedor: el ciudadano. La demagogia, la verdad oficial, las falsas apariencias, el clientelismo y la chochez no pueden ser obstáculo insalvable de lo que en conciencia se precisa para cumplir cada uno con su obligación. Hay que saltar por duro y esforzado que sea, gustar menos y, sin mirarnos tanto el ombligo todos, cumplir con el papel de servidores públicos que el pueblo nos ha encomendado.

Las elecciones de 2003 nos pondrán a cada uno en su sitio. Hasta entonces, los esteponeros podrán juzgar si el PP de Estepona, si su flamante alcaldesa, Rosa Díaz, hicieron bien al tomar una decisión tan polémica como valiente. Esta moción de censura era una necesidad, reclamada incluso por el pueblo, para salir del atolladero. Estepona no podía contraer una grave deuda moral con el futuro sin remisión posible.

El PP se ha visto obligado a presentar la moción de censura: las rencillas entre los ediles socialistas estaban provocando la paralización de importantes proyectos; la situación económica del Ayuntamiento resultaba insostenible; el ex alcalde había dado por roto el pacto tras la escaramuza que él mismo provocó ante la elección del representante municipal en la asamblea de Unicaja. La desastrosa gestión de Barrientos, quien no era el alcalde con el que entre todos logramos desalojar del poder a Jesús Gil Marín (Antonio Caba dimitió por razones sobradamente conocidas), y su falta de mano izquierda han llevado el pacto al naufragio. ¿Qué podíamos esperar de quien ni siquiera es capaz de mantener la cohesión en la agrupación local de su propio partido?

La moción de censura de Estepona ha vuelto a demostrar que las iniciativas políticas de los dos principales partidos de este país se miden con distinto rasero. Una vez más, ha quedado claro que el eufemismo está reservado a quienes utilizan sus siglas como marca, quienes venden un producto del que sólo enseñan el envoltorio. ¿Qué habría ocurrido si el PSOE hubiese presentado la moción junto a ediles del Grupo Mixto? Quizá el revuelo organizado habría sido minimizado hasta quedar en anécdota.

Hay varios tipos de pactos entre partidos: el anti transfuguismo, el de la izquierda, el anti Gil y el anti PP, todos legítimos. Pues bien, de estos cuatro sólo hay uno que se cumple religiosamente, sin excepción. Por supuesto, se trata del pacto anti PP, en virtud del que, por ejemplo, el socialista Juan Fraile gobierna la Diputación de Málaga con el apoyo de IU y PA, aunque el PP obtuviera en la provincia más votos en las municipales de 1999. El pacto anti transfuguismo lo rompieron en Tolox los socialistas al valerse del ex alcalde del PP para nombrar a un alcalde del PSOE; y lo rompió en Vélez-Málaga el socialista Antonio Souvirón rompiendo su alianza con IU para gobernar con dos tránfugas de un partido independiente. El pacto de la izquierda también saltó por los aires en Manilva cuando el socialista Emilio López Berenguer rompió con IU pactando con ex ediles del GIL que habían pasado, como en Estepona, al Grupo Mixto. En Casares, IU se hizo con la Alcaldía negociando con un concejal del GIL que se integró en el Grupo Mixto el mismo día que se votaba la moción de censura.

Lo ocurrido en Estepona es bien distinto. El PP ha abierto las puertas a ediles del Grupo Mixto que ya militan en nuestro partido. Afirmar que la moción de censura de Estepona es un pacto con el GIL a escala nacional no pasa de ser una frivolidad concebida por Álvaro Cuesta y repetida mecánicamente por Salvador Pendón. Los siete concejales que han apoyado a Rosa Díaz llevan año y medio en el Grupo Mixto: las siglas con las que concurrieron a las urnas se disolvieron con la marcha de Jesús Gil Marín y José Ignacio Crespo. Ahora se han integrado en el PP, han asumido el programa de gobierno con el que concurrimos a las elecciones. Lo demás son milongas. El gobierno municipal de Estepona era un desastre. En voz baja, todos lo decían. El secreto ha dejado de serlo: había que contarlo y actuar en consecuencia, lloviera o tronase.

Joaquín L. Ramírez es presidente del Partido Popular de Málaga y diputado de Andalucía.