Un tribunal revela graves infracciones en un concurso de plazas de profesor universitario

La Complutense pagará cara la adjudicación que hizo de tres plazas de profesor asociado en 1997. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia le obliga a abonar a uno de los candidatos, Francisco Duque Colino, las retribuciones que dejó de cobrar (unos dos millones de pesetas) al no haberle sido adjudicada una de estas vacantes. El tribunal desvela 'la gravedad de las infracciones cometidas': la esposa de uno de los ganadores era miembro del tribunal y no se le exigió ni a éste ni a otro de los profesores que acreditaran los méritos que decían tener en sus currículos.

El de 30 de octubre de 1997 Francisco Duque, psicólogo del hospital Gregorio Marañón, pidió a la Universidad Complutense que anulase la adjudicación de tres plazas de profesor asociado para impartir prácticas a los alumnos de Psicología en este hospital. Duque consideraba que la composición de la comisión de evaluación que valoró a los cinco candidatos era 'manifiestamente ilegal y nula de pleno derecho', ya que uno de sus miembros, María Peiró Riesco, era esposa de uno de los que obtuvieron una plaza (José María Pérez Millán).

El rector de la Complutense, Rafael Puyol -que inicialmente paralizó el concurso-, decidió finalmente, el 25 de febrero de 1998, desestimar el recurso al considerar que la participación de Peiró en la evaluación de los candidatos fue 'absolutamente irrelevante' por dos motivos: primero, porque los miembros de la comisión evaluadora (dos del Gregorio Marañón y otros dos de la Complutense) fueron unánimes en sus calificaciones, y segundo, porque las notas que otorgaron fueron fruto de un baremo acordado entre la universidad y la Consejería de Sanidad.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia ha quitado la razón a la Complutense. En una sentencia de fecha 13 de octubre pasado, los magistrados consideran que 'la señora Peiró intervino directamente en la valoración del currículo de su esposo, e incluso decidió respecto de la adjudicación al mismo de una de las plazas ofertadas'. El ponente, Santiago de Andrés Fuentes, continúa: 'El hecho de que la puntuación obtenida por los distintos concursantes fuera otorgada por unanimidad, no nos puede permitir minimizar, sin más, la importancia que pudo tener la intervención de la señora Peiró en la sesión valorativa'.

Pero el tribunal, además de constatar que la comisión de evaluación no presentaba 'las mínimas garantías de imparcialidad y objetividad exigibles', revela otra infracción: ni Pérez Millán, el esposo de Peiró, ni otro de los adjudicatarios de las plazas, María Luisa Die Trill, habían acreditado los méritos ni la experiencia que aseguraban tener en sus currículos. Y éste era un requisito exigido en la convocatoria.

La 'gravedad de las infracciones' llevó al tribunal a concluir que, 'de haberse seguido el procedimiento regularmente y no haberse valorado méritos no acreditados de los dos concursantes que fueron seleccionados, (...) resultaría que Francisco Duque habría sido acreedor de una de las plazas convocadas'. Resuelve, por ello, que Duque 'obtuvo, a todos los efectos, una de las plazas', y obliga a la Complutense a pagarle lo que dejó de cobrar al no haber obtenido la vacante, así como los intereses correspondientes. Según los cálculos de la propia universidad, esta indemnización ascendería a dos millones de pesetas (por los cuatro años en los que debería haber trabajado).

'La universidad se ha convertido en una especie de invernadero de la mala hierba', dice Duque, satisfecho del resultado del recurso que presentó su abogado, Rafael Mateo Alcántara. Aun así, dice que renunciará a la plaza que ahora, por derecho, le corresponde. De momento, Pérez Millán y Die Trill siguen como profesores adjuntos en el hospital Gregorio Marañón. Aunque, según Duque, les queda poco porque la convocatoria, cuya resolución se realizó el 15 de octubre de 1997, era para un trabajo de cuatro años.

No era profesora

'No creo que presentemos recurso contra la sentencia', asegura la vicerrectora de Profesorado de la Complutense, Mercedes Doval. Ésta considera que 'no se trata de ningún escándalo y que la universidad actuó de buena fe', ya que Peiró no fue nombrada por la universidad para la comisión evaluadora, sino por el hospital Gregorio Marañón, como establece el convenio con la Consejería de Sanidad

Doval alegó que el recurso presentado por Duque se basaba en que Peiró era la esposa de Pérez Millán, y que la ley de Procedimiento Administrativo contempla que 'la actuación de autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas en los que concurran motivos de abstención no implicará necesariamente la invalidez de los actos en que hayan intervenido'.

La vicerrectora 'está convencida' de que, si Duque hubiera alegado inicialmente que dos de los candidatos que obtuvieron la plaza no habían acreditado la experiencia profesional que mencionaban en sus currículos -como hizo, en cambio, ante el Tribunal Superior-, la universidad habría decidido aceptar el recurso. Pero Duque no pudo hacerlo porque no tuvo acceso a los expedientes del concurso hasta que acudió a la vía judicial.