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Italia suspende la readmisión de trabajadores por despido improcedente

El Gobierno Berlusconi desafía a los sindicatos y modifica la ley

Los tres grandes sindicatos italianos amenazaron ayer al Gobierno de centro-derecha con acciones radicales si el Parlamento da luz verde a la ley aprobada ayer por el Consejo de Ministros que faculta al Ejecutivo a suspender por cuatro años el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores. El artículo retocado obliga a las empresas a readmitir a un trabajador cuando el despido es considerado improcedente.

El ministro de Trabajo, Roberto Maroni, presentó ayer este nuevo proyecto de ley que da al Gobierno Berlusconi amplios poderes, aunque la modificación del Estatuto de los Trabajadores será 'experimental' durante cuatro años. Durante este tiempo, los trabajadores despedidos sin razón justa serán indemnizados en lugar de ser readmitidos por algunas empresas y en determinados casos.

Al mismo tiempo, se establece la fórmula del arbitraje para acordar la suma de la indemnización. El ministro explicó que, en los casos de despidos improcedentes, el trabajador será merecedor de 'una indemnización justa en lugar de la reintegración en su puesto de trabajo'. Maroni justificó la reforma en la necesidad de un mercado de trabajo 'transparente y eficaz'. A su juicio, el texto reconoce el papel de las organizaciones que representan y tutelan a los trabajadores.

Sin embargo, los tres grandes sindicatos, CGIL, CISL y UIL, manifestaron ayer un total rechazo a una medida que en su opinión 'no resuelve ningún problema' y causa muchos más. Por su parte, Confindustria, la patronal italiana, aunque complacida con la medida, la consideró insuficiente, por la 'excesiva timidez' que supone la suspensión del citado artículo de la ley.

Reforma laboral

La aprobación ayer de esta medida, con la que el Gobierno de Silvio Berlusconi se propone iniciar la reforma del mercado de trabajo, se produce casi por sorpresa, después de que el Ejecutivo optara esta misma semana por aplazar la aprobación de otra ley del mismo tipo con la que se pretende reformar el sistema de pensiones, que tenía previsto aprobar ayer, inicialmente.

Entre ambas decisiones se produjo, el miércoles, la crítica durísima del presidente de la patronal, Antonio D'Amato, quien, en una entrevista al diario milanés Il Corriere della Sera, acusó al Gobierno de no tener el coraje suficiente para realizar las reformas estructurales que necesita Italia. Los empresarios consideran que el Gobierno ha sido hasta el momento tímido e ineficaz a la hora de abordar la reforma del mercado de trabajo y la de las pensiones (que puede colapsar los presupuestos a partir del año 2010 si no se corrige la actual normativa).

También se quejan del retraso a la hora de liberalizar el mercado italiano y en las anunciadas privatizaciones, aunque el ministro del Tesoro, Giulio Tremonti, ha asegurado que todo está listo para llevarlas adelante apenas se estabilicen las Bolsas mundiales.

Los sindicatos se han mostrado totalmente contrarios al uso de un tipo de ley (delega, en italiano) que otorga todos los poderes al Ejecutivo, dentro de un marco amplio de actuación. Una vez aprobadas en el Parlamento, estas leyes, dan poca opción al sindicato a negociar los detalles.

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