Ruiz-Gallardón aparca la redacción de una ley que compense a Madrid por ser la capital del Estado

El Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón no redactará la Ley de Capitalidad, normativa que debe fijar las competencias de Madrid y el canon que recibirá la capital por albergar el Gobierno central. La consejera de Justicia, Paz González, afirmó ayer que la Comunidad considera que la Ley de Grandes Ciudades, que prepara el Gobierno central, puede resultar suficiente para Madrid. Pero Mercedes de la Merced, primera teniente de alcalde, recordó ayer mismo que Jesús Posada, ministro de Administraciones Públicas, aseveró hace un mes que Madrid necesita una ley distinta a la de Grandes Ciudades.

Los enfrentamientos entre el Gobierno regional y el municipal, ambos del PP, se pusieron ayer nuevamente de manifiesto a propósito de la Ley de Capitalidad. Esa norma, reconocida por el artículo sexto del Estatuto de Autonomía de Madrid, debe deslindar las competencias específicas de la Comunidad de las del ámbito municipal y establecer un canon económico que compense al Ayuntamiento tanto de los inconvenientes que supone para los madrileños que las principales instituciones del Estado radiquen en la capital como de los gastos generados por los actos y eventos oficiales que se celebran obligatoriamente en Madrid.

El gobierno municipal ha elaborado hasta ahora dos borradores del futuro anteproyecto de ley. Pero ambos textos han sido aparcados por el Gobierno regional, receloso de que el Ayuntamiento le reste competencias. Aunque el texto debe ser consensuado entre las dos administraciones, es el Gobierno regional el que debe trasladar esa ley al Gobierno central para que después sea aprobada en las Cortes.

Pero el Ejecutivo que preside Ruiz-Gallardón ha decidido ahora aparcar definitivamente la elaboración de esa normativa, a tenor de las manifestaciones realizadas ayer por la consejera de Justicia, Paz González. La consejera admitió que está 'clarísimo' que Madrid necesita una compensación por ser la capital de España, pero aseguró que con la Ley de Grandes Ciudades, que está elaborando el Gobierno central, no será necesaria la Ley de Capitalidad. 'Si esta ley contuviera la compensación económica que se merece Madrid, y si cumple las expectativas del Ayuntamiento y la Comunidad, no será necesario que el Gobierno regional regule nada más', afirmó González.

Sin embargo, hace justo un mes que Jesús Posada, ministro de Administraciones Públicas, admitió en el Senado que Madrid, por su condición de capital, tendrá un tratamiento diferenciado del resto de las grandes ciudades. El ministro compareció el 11 de octubre para presentar el informe elaborado por su departamento como base para la Ley de Grandes Ciudades.

Posada puntualizó que Madrid y su Ley de Capitalidad 'tienen un proceso completamente distinto'. 'Muchos de los asuntos que se tratan en el informe son aplicables a Madrid como gran ciudad, pero no como capital de España', especificó el ministro de Administraciones Públicas. El informe presentado por Posada en la Comisión de Entes Locales del Senado asume que la 'circunstancia de capital del Estado que desempeña Madrid requeriría una subvención anual por parte de la Administración central en el marco de una Ley de Capitalidad'.

Gastos extraordinarios

El documento elaborado por el departamento de Posada precisa, además, que, desde el punto de vista práctico, el régimen de capitalidad tendría dos proyecciones: estatuto de capitalidad y subvención estatal por gastos extraordinarios.

Mercedes de la Merced, primera teniente de alcalde y miembro de la ejecutiva federal del PP, dio por hecho que la Ley de Capitalidad será una realidad, basándose en lo dicho por Posada en el Senado. De la Merced, que clausuró ayer un seminario internacional sobre las 'Ciudades Capitales. Visiones de futuro', afirmó que confía en el apoyo de la oposición (PSOE e IU) para sacar adelante la Ley de Capitalidad. Sin embargo, De la Merced condicionó el impulso a esa normativa a que, previamente, se llegue a un consenso sobre el reglamento que regulará el funcionamiento de la Corporación. PSOE e IU quieren que ese texto otorgue a las comisiones, actualmente informativas, un carácter más decisorio para descargar al pleno de temas menores.