Chalaneo institucional

Me gustaría escribir con tanta precisión como Perfecto Andrés Ibáñez en EL PAÍS del 5 de noviembre de 2001 (La renovación del Consejo General del Poder Judicial, páginas 25 y 26) o con tanta clase como Ramón Trillo Torres en ABC del 6 de noviembre de 2001 (El don Juan y la Justicia, página 3). Me tranquiliza pensar que tal grado de perfección se alcanza con su condición de magistrados del Tribunal Supremo. En provincias nos debemos conformar con las migajas que caen de la mesa de los sabios. Aunque nuestra preocupación e indignación sea similar. Sólo añadir que la mayoría (60%) silenciosa de la carrera judicial, que por convicción nos mantenemos extramuros asociativos, debe relacionarse junto al resto de los excluidos (Asociación Francisco de Vitoria, PNV, abogados, procuradores, secretarios judiciales, personas de capacidad y mérito), sin cuyo concurso será complicado negociar la gobernabilidad de la Justicia.

Había dos modos de abordar la reforma de la justicia: contando con todos o repartiéndosela. Si se optó por la segunda, ni ahora ni al atardecer deben escandalizarse sus promotores.

Se rasgaba las vestiduras Jesús Caldera cuando desde el vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, se le acusaba de negociar nombres para los órganos institucionales por parentesco, amistad o afinidad, después de haber reconocido 'la cesión mínima' en las negociaciones; y se presumía por Luis de Grandes haber alcanzado un 'pacto digno'. ¡Pobre ingeniero agrónomo! Nadie osa dudar del prestigio de los compañeros de pupitre, rechazados o no en otros escrutinios.

Algunos ilusos llegamos a creernos lo del sentido de Estado, promesa de despolitización, desaparición de cuotas, generosidad institucional, cuando allá por el mes de mayo pasado se presentaba el gran éxito del Pacto de Estado para la Justicia, se decía para su reforma, se omitía para su reparto. No remitiré al lector a las hemerotecas, pues son tantas y tan recientes las manifestaciones exultantes que está de más reiterarlo. Era obsesivo sumar 11 para PP y APM y no bajar de 7 para PSOE y JD, cuyas proporciones se guardarán con toda fidelidad en las altas cuestiones de Estado y en la designación estratégica de cargos discrecionales (Magistrados del Tribunal Supremo y del Constitucional, presidentes de tribunales superiores y audiencias provinciales y otras bicocas). Es bueno que todo juez que aspire a tales cargos sepa las facilidades que encontrará afiliándose a alguna de las facciones del Consejo. De paso, se refuerza el asociacionismo que tanto les preocupa a los recaudadores de cuotas. En la vida social como política es un valor ser agradecido.

La desvinculación ante una acusación ruborizante se equilibra con tanta justificación no pedida de honorabilidad, dignidad y limpieza (excusatio non petita..., nos enseñaron en la Facultad). Pero, ¿ante quién justificarse? El apoyo de los agraciados es patente, la complicidad de los mandagantes de las asociaciones profesionales demasiado burda y la fe ciega de sus propios conmilitones no la necesitan. ¿Ante sus conciencias, ¡quizás!, para salvar la responsabilidad que se les exigirá a la vuelta de unos años cuando se alcance la certeza del tiempo perdido? Otros nos sentimos desvinculados y no pedimos justificación.

Nos queda el consuelo de que a quienes trabajamos para la Justicia de todos los días nos trae al pairo lo que se cocine en otros hornos, porque nos preocupa más lo que se hace tan mal y las luminarias que ponemos para ofrecer una razonada y razonable aplicación de la ley al caso de cada cual. Y a los que acuden a ella sólo les interesa lo que en la jurisdicción ocurra, por muy desprestigiado que renazca su órgano de difícil gobierno. En la justicia de todos los días debe confiarse que los jueces queremos seguir siendo independientes, es decir, sometidos al imperio de la ley y con todas las consecuencias. Si se divisan otras implicaciones, es preferible indagar primero el color de cada quien.

Se ha producido, sin embargo, un efecto positivo: la ruptura del corporativismo judicial. Ante la posición incoherente y contradictoria de las cúpulas asociativas de denunciar la politización y aceptar con interesada complicidad el juego de las cuotas y su vinculación a opciones políticas, la dispersión de las bases y de quienes se han sentido marginados ha permitido que comience a denunciarse la torpeza negociadora y la monolítica conformación de un órgano con vocación plural. No todos estamos dispuestos a vender la dignidad.

Quien tenga que gobernar que gobierne, pero que sepa con quién y para qué.

José María Tomás Tío es presidente de la Fundación por la Justicia.