La policía detiene a dos funcionarios, uno de la Junta y otro del Ministerio de Trabajo, por el 'caso FARA'

Ocho nuevas detenciones se han producido en el caso FARA, con lo que ya suman 21 los imputados en el fraude. Entre los arrestados figura un funcionario del Ministerio de Trabajo, otro de la Consejería de Asuntos Sociales, un jefe de Renfe, dos banqueros, el vicepresidente y el tesorero de la Federación de Asociaciones Romaníes de Andalucía (FARA). En la causa se investiga el desvío de unos 300 millones de pesetas de ayudas públicas a cuentas particulares de directivos de la FARA y el uso de la entidad para blanquear dinero del narcotráfico.

Las ocho detenciones se realizaron el martes simultáneamente por agentes de la Udyco en Madrid, Sevilla, El Puerto de Santa María (Cádiz), Torremolinos y Málaga. Cuatro acusados siguen arrestados y han pasado a disposición del juzgado número 7 de Málaga que investiga el caso. Se trata de Luis Payo, funcionario del Ministerio de Trabajo, acusado de un delito de infidelidad en la custodia de documentos; Luis Maya Fernández, vicepresidente de la FARA, imputado por malversación de fondos y blanqueo de capitales; Ramón Vargas Contreras, tesorero de la organización, y un cuarto imputado, Antonio B. G., todos acusados de los mismos delitos. Los otros cuatro detenidos quedaron en libertad con cargos y con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial.

Aunque las 13 detenciones realizadas hace una semana se centraron en directivos y empleados de la federación, los ocho nuevos arrestos dejan en evidencia que el entramado era mucho más amplio. Uno de sus pilares era el funcionario del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en Madrid, que fue quien supuestamente alertó a los directivos de la FARA de las pesquisas policiales que se habían iniciado para investigar las irregularidades y el que les mantenía al corriente de los pasos que daban los agentes.

El segundo funcionario detenido es José Manuel Leal, jefe de servicio de la Secretaría de la Comunidad Gitana de la Consejería de Asuntos Sociales, quien, según la policía, presuntamente les proporcionó información imprescindible para cometer el fraude con las subvenciones. La policía lo considera colaborador necesario de las actividades delictivas de la dirección de la FARA y está acusado del delito de malversación.

En un comunicado difundido ayer por la Consejería de Asuntos Sociales se señala que el jefe de servicio 'prestó declaración' en las dependencias policiales en relación con la causa judicial durante la mañana del martes 13, pero se omite que lo hiciese como detenido, y que ayer, jueves, acudió a su trabajo.

La detención de José Manuel Leal, que ha sido delegado provincial de Cultura en Sevilla y director general del plan de barriadas, vuelve a dejar en evidencia algunas de las explicaciones del consejero Isaías Pérez Saldaña, tras destaparse las irregularidades de la FARA. Leal, un histórico militante de la agrupación del PSOE de Triana, había sido el funcionario supuestamente amenazado por los directivos de la entidad, aunque ayer el consejero rebajó a la categoría de meras 'presiones' lo que la semana pasada eran amenazas.

En la trama también estaba implicado, siempre según la policía, un jefe de ventas de Renfe en Madrid, Marcelo M. R., que era el encargado de falsificar los billetes de tren con los que los directivos de la organización romaní justificaban gastos que en realidad nunca se realizaron. Fuentes de la investigación estimaron que este trabajador también fue un colaborador necesario en el fraude. Está acusado de malversación y falsificación de documentos.

La red se completa con el director y el apoderado de la sucursal del Banco Popular en Torremolinos, Miguel V. S. y Manuel S. S., quienes asesoraban a los miembros de este entramado sobre cómo blanquear dinero. Justamente ése es el delito que se les imputa.

La detención del tesorero de la FARA se llevó a cabo en El Puerto de Santa María (Cádiz). Ramón Vargas Contreras es uno de los que participaron en el golpe de mano que se hizo en 1998 con el control de la organización 'por la ley gitana'. Residente en El Puerto, este directivo de la federación es uno de los líderes de la comunidad gitana en la ciudad, informa Francisco José Román. Por este caso ingresaron en prisión el presidente de la FARA, Vicente Rodríguez; el secretario, Salvador P.A., y el asesor fiscal, Valeriano G.G.