Hacienda pone en riesgo de disolución a la mitad de los clubes de Primera

La inspección iniciada en marzo del pasado año estima que 18 equipos adeudan unos 35.000 millones de pesetas

La mitad de clubes de Primera División que son sociedades anónimas deportivas incurrirían en riesgo de disolución, si los resultados de las actas de inspección iniciadas en marzo de 2000 se convierten en definitivos y reclaman en conjunto 35.000 millones a los 18 clubes auscultados. Así lo manifestaron los responsables de estos equipos en una reunión sobre el asunto que tuvo lugar hace 15 días en la Liga Profesional de Fútbol. De los 35.000 millones reclamados por Hacienda, el 90% del total corresponden a diferencias de interpretación entre clubes e inspectores de Hacienda.

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El Ministerio de Hacienda ordenó una gran inspección al fútbol a raíz de las declaraciones que siguieron a la intervención del Atlético de Madrid a finales de 1999. Su presidente, Jesús Gil, y otros dirigentes consideraron entonces como algo asumido y normal el pago en dinero negro en el fútbol español. La investigaciones se iniciaron en marzo de 2000 a todos los clubes que ese año estaban en Primera, salvo a los equipos vascos -Athletic, Real Sociedad y Alavés, que dependen de haciendas forales de su comunidad autónoma-. A finales de este verano, una estimación de las inspecciones, que afectan al periodo 1996-1999, arrojaba un balance global de unos 35.000 millones.

El reparto de estas actas de inspección, que previsiblemente se cerrarán a principios de año, viene encabezado por el Madrid, a quien se estiman unos 6.000 millones. Al Valencia se le reclaman unos 5.000; al Barça, 4.000; al Zaragoza, Oviedo y Mallorca, unos 2.000 cada uno; al Celta, 1.500; al Espanyol, 800; y al Racing de Santander, 400.

Los responsables de los clubes, en una reunión celebrada hace dos semanas en la Liga Profesional, plantearon que el impacto de estas actas en sus cuentas de resultados les colocaría en pérdidas. Según la ley de sociedades anónimas, cuando se pierden las dos terceras partes del capital, las empresas están obligadas a ampliarlo o incurren en causa de disolución. Este supuesto, según fuentes de la Liga, afectaría a unos 12 de los clubes inspeccionados y entre los que no figurarían el Real Madrid y el Barcelona, clubes que presiden Joan Gaspart y Florentino Pérez, al no ser sociedades anónimas.

La alarma ha sonado en los clubes, porque si recurren las actas, tienen que avalar su importe con las cargas económicas que ello conlleva. Los clubes -excepto el Deportivo- tienen en estos momentos recurridos 15.000 millones de una inspección anterior, correspondiente a los años 1992-95.

Discrepancias

La preocupación de los clubes aumenta al tener en cuenta que los resultados de las actas dependen en más del 90% de diferencias de interpretación sobre aspectos legales entre Hacienda y los clubes. En muchos casos estas discrepancias suponen cambios de criterio de la Agencia Tributaria respecto a la anterior campaña masiva de inspecciones de los años 1992-95. Por ello, el 22 de octubre la Liga presentó un escrito al director de la Agencia Tributaria, Salvador Ruiz-Gallud, en el que resumía su posición sobre cuatro de esas diferencias que rebajarían la cifra barajada como deuda. Esos cuatro puntos afectan al 60% de los 35.000 millones.

El primer punto de desencuentro afecta a la interpretación de la ley que en 1996 dio pie a que los futbolistas sometidos a contrato laboral tuvieran a la vez derechos de imagen. Hacienda sostiene que el tope fijado de un 15% del salario en derechos de imagen se active desde la fecha de aprobación de la ley. Los clubes esgrimen que una modificación a la ley introducida en el Senado les permitía iniciar su aplicación a finales de esa temporada, es decir, seis meses después de lo que pretende Hacienda. Este capítulo supone unos 4.000 millones.

El segundo aspecto tiene que ver con la inversión del sujeto pasivo en el IVA. La ley no se refiere a los derechos de imagen y traspaso de jugadores, sino a la propiedad industrial o intelectual. Los clubes entienden que se les está juzgando por analogía con otros casos, lo que está específicamnete prohibido por la Ley General Tributaria. Este capítulo supone unos 9.000 millones, aunque en el peor de los casos -es decir que tuvieran que pagar- los clubes recuperarían más de la mitad repercutiéndose el IVA de operaciones llamadas de 'inversión del sujeto pasivo'.

El tercer asunto se refiere a las indemnizaciones a jugadores. Hacienda aceptó hasta 1998 que las indemnizaciones cuando un jugador era despedido estaban exentas. Sin embargo ahora se está reclamando por estas indemnizaciones un monto de unos 3.000 millones. Los clubes defienden que 'no todos los jugadores son como Figo o Rivaldo' y que si impera el criterio de los inspectores, se cometería un agravio con el resto de los trabajadores cuyas indemnizaciones por despido están exentas de impuestos.

Por otra parte, Hacienda reclama unos 10.000 millones por ingresos de impuesto fuera de plazo, un asunto que afecta a muchas empresas no deportivas. Se trata de clubes que sin ocultar sus obligaciones, no las satisfacen en plazo y ven ahora cómo las actas contenplan intereses y un 75% de sanción por recargo. Estos son los puntos sometidos a consenso por la Liga Profesional a la Agencia Tributaria, aunque existen otros que elevan al 90% de los 35.000 millones en juego las diferencias de interpretación con Hacienda.

Otros 4.000 millones de las actas en preparación tienen que ver con los pagos de los derechos de imagen anteriores a la aparición de la ley que los regula (enero 1997) y que la Agencia Tributaria considera que debieron ser objeto de retención del 47% por parte de los clubes.

Por otra parte, el tercio de los ingresos por quinielas que reciben los equipos debería estar sometido a IVA, según Hacienda. Por ahora la Agencia Tributaria persigue el 60% de ese tercio que es lo que reciben los clubes de Primera División.

* Este artículo apareció en la edición impresa del martes, 13 de noviembre de 2001.

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