Un proyecto de ley prohíbe a menores de 18 años entrar en discotecas y pubs

El conflicto generado por la orden del Ayuntamiento de Valencia de retirar las terrazas de los cafés y bares de los barrios más emblemáticos de la ciudad -en pleno verano- ha desembocado en una regulación más amplia del sector que afecta a 1.500 empresarios, en forma de proyecto de ley elaborado por la Consejería de Administraciones Públicas. El borrador prohíbe la entrada a menores de 18 años en pubs, salas de baile y discotecas; endurece las sanciones y establece el pago previo de fianzas par obtener una licencia.

El artículo 32 del citado borrador establece un apartado específico sobre Protección del menor, en el que 'queda prohibida la entrada y permanencia de los menores de 18 años en salas de fiesta, discotecas, salas de baile y pubs'. Sólo quedan 'excluidas de esta limitación las salas de juventud', sin que nadie del sector entienda bien a qué se refiere el término. Pero, además, 'prohíbe con carácter general la entrada y permanencia de mayores de 14, salvo que vayan acompañados de padres, tutores o un adulto responsable, en bares, cafeterías y restaurantes, salvo en espectáculos infantiles y salones recretativos'para esas edades. Es decir, que las reuniones de adolescentes tan habituales en centros comerciales quedarán limitadas por ley.

La concepción técnica de la ley, básicamente, se centra en el incremento de los requisitos para otorgar una licencia, el endurecimiento de las sanciones y su tipificación -que irán desde las 100.000 pesetas hasta 99,8 millones de pesetas-; y extrema 'el control' del cumplimiento, ampliando la facultad de inspeccionar y sancionar que actualmente recae sobre los funcionarios muncipales y Policía Local a otros 'cuerpos y Fuerzas se Seguridad del Estado'.

Entre las novedades que más preocupación han causado entre los pequeños empresarios, generalmente propietarios de los clásicos cafés de tertulia tan de moda en el centro histórico, está 'la obligación de pagar una fianza' por adelantado y la prohibición de ofrecer alternativas al ocio como recitales de poesía, teatro, debates o pequeños conciertos de música, que han sido protagonistas habituales de la noche valenciana, de larga tradición, según denunció ayer en conferencia de prensa la Asociación de Hostelería de Ciutat Vella (Albarca). El proyecto establece que 'los espectáculos y actividades deberán estar expresamente consignados en la licencia'. 'La realidad actual ha demostrado que cada vez son más numerosos los espectáculos y actividades, lo que obliga a exigir medidas adicionales' como las 'pólizas de seguro' y 'la obligación de depositar una fianza para su concesión' (entre 99.979 pesetas y 29,9 millones, en función del aforo).

El proyecto de ley, que fue dado a conocer el miércoles de la semana pasada en una reunión de la Comisión de Espectáculos y Actividades Recreativas de la Comunidad Valenciana, se plantea la regulación de todo un sector, más allá de los conflictos puntuales que había generado la ordenanzada aprobada en julio por el Ayuntamiento de Valencia. La Policía Local confiscó entre julio y septiembre más de 6.000 sillas y mesas en varios dististritos de la ciudad en pleno mes de agosto, sobre todo, en las terrazas y bares del centro histórico, ante las quejas vecinales por el ruido nocturno.

Turismo y juego, al margen

Pero, el compromiso del Ayuntamiento de 'abrir una negociación' con el sector hostelero para reconducir la situación y crear un instrumento que siriviera para regular el problema de la 'sobresaturación de ruidos', denunciada por algunas asociaciones de vecinos, se ha saldado con una propuesta unilateral que pretende ser 'una revisión total de la Ley de la Generalitat Valenciana 1/1991 de Espectáculos, Establecimientos Públicos y Actividades Recreativas diez años después', a fin de adecuarse 'a una realidad cambiante, a los desarrollos técnicos y a la demanda social'.

La regulación de bares, discotecas, salas de fiesta, piscinas, salas de patinaje, fiestas y cibercafés deja fuera sectores económicamente tan fuertes como el 'juego' y el 'turístico', que emplaza a 'otras leyes' o al 'futuro desarrollo reglamentario'. 'Estos requisitos', según la federación autonómica de hosteleros, 'sitúa en 100 millones la apertura de un restaurante de 70 o 100 personas'.

El secretario general, Rafael Viñals, adelantó ayer que presentará una batería de alegaciones y pidió a la Administración que 'regule el ocio con parámetros e ideas del siglo XXI'. De entrada, Albarca ha convocado una manifestación para el próximo viernes para denunciar 'las presiones' a que está sometido el sector. 'Un sector cuya desaparición', según la decana Asociación de Veïns i Amics del Carme, hubiera conducido a vivir en un gueto'.